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Nueva concentración convocada por la familia: lunes 12 de diciembre en Gran Vía, 14 (frente al Instituto del Menor).
Después de varios meses, el juicio por la muerte de Ramón Barrios, aunque sin fecha, está más cerca. Este joven, que residía junto a su familia en Villaverde Alto, un barrio de Madrid, falleció el 8 de julio en el centro de ejecución de medidas judiciales –penal para menores– Teresa de Calcuta, en Brea de Tajo (Madrid), a unos 40 kilómetros de la capital. El centro está gestionado por la Fundación Ginsomediante convenio con la Comunidad de Madrid.
Ramón Barrios, que cumplía su tercer fin de semana de internamiento, de los 12 que se le habían impuesto, estaba condenado por cometer delitos menores de hurto cuando aún no había alcanzado la mayoría de edad. Ésta es precisamente la razón por la que no fue recluido en una cárcel sino en un centro de menores, a pesar de que llevaría a cabo el cumplimiento de la pena ya con 18 años.
Cuatro meses después, la familia Barrios no se rinde. Las causas de la muerte son inciertas, según acreditó en un primer momento el informe de la forense. “La familia comenzó a dudar porque todo era muy contradictorio”, explica Violeta Fernández, que ejerce de portavoz ante los medios. Las diversas informaciones ofrecidas tras la defunción y los testimonios aportados por los distintos testigos no encajan.
Por un porro de hachis
Todo comenzó el segundo fin de semana que Ramón pasaba en el centro, cuando fue sorprendido fumando hachis. Ese mismo domingo, durante su traslado de regreso a su casa, “fue abandonado en medio del trayecto sin dinero ni teléfono móvil, como medida de castigo”, explica Fernández. Sin embargo esto no fue suficiente.
El sábado siguiente, los vigilantes de seguridad obligaron a Ramón a desnudarse para comprobar que no portaba ninguna droga, pero él se opuso, por lo que fue esposado. Finalmente, tras comprobar que no llevaba ninguna sustancia, el joven permaneció inmovilizado. Algunas horas después, tras la cena, Ramón pidió algún medicamento contra el dolor de muelas. Como requería la visita de un médico, los vigilantes, alegando que estaba muy nervioso, le inmovilizaron boca abajo sobre su cama. Después de eso, Barrios murió.
En un primer momento, trabajadores del centro de Brea de Tajo dijeron a la familia que el chico estaba un poco amoratado antes de ser paralizado por los dos vigilantes, sin embargo, estos mismos, tras ofrecer su testimonio ante la denuncia de la familia el día 9 de julio, “han comunicado que presionaron a Ramón hasta que dejó de moverse y se dieron cuenta de que estaba morado”, afirma el abogado Erlantz Ibarrondo, quien se ofreció a llevar el caso, ya que la familia nunca contó con la ayuda de uno de oficio.
Ibarrondo denuncia que las instituciones públicas no han querido ahondar en el asunto, “la fiscalía no ha hecho absolutamente nada hasta ahora”. A todo esto, se suma el trato que recibieron los allegados al chico cuando fueron informados de su fallecimiento.
La familia fue avisada casi diez horas después de que se certificara la muerte de Ramón. En ese momento, sus padres decidieron personarse en el penal, y no fue hasta una hora después cuando el director les dijo que no podían ver al chico hasta que no lo llevaran al tanatorio. Finalmente, y aunque estaba maquillado, la familia pudo fotografiar hematomas en el cuerpo sin vida de Ramón. Dichas contusiones no figuran como tal en el informe de la forense, sino como livideces propias de un cadáver.
El problema fundamental reside en que el informe de la forense se realizó con el primer testimonio, y no tenía en cuenta los posibles golpes y magulladuras propios de un fuerte forcejeo y posterior inmovilización. Por lo que tras un exhaustivo análisis de drogas en el cuerpo del joven, la especialista sólo pudo certificar como “incierta” la causa de la muerte, ya que Ramón no presentaba ninguna enfermedad previa que pudiera haber ocasionado un fallo cardíaco.
La familia Barrios pide que se revise dicho informe y que los vigilantes, que han sido llamados por el Juzgado de Menores número 7 como testigos para la vista oral, lo hagan como posibles responsables de la muerte de Ramón. “Solicitamos que declaren como imputados y no como meros testigos, como ha pedido hasta ahora el juez”, explica Erlantz Ibarrondo.
http://www.kaosenlared.net/noticia/194490/familia-joven-muerto-centro-menores-pide-justicia
Después de varios meses, el juicio por la muerte de Ramón Barrios, aunque sin fecha, está más cerca. Este joven, que residía junto a su familia en Villaverde Alto, un barrio de Madrid, falleció el 8 de julio en el centro de ejecución de medidas judiciales –penal para menores– Teresa de Calcuta, en Brea de Tajo (Madrid), a unos 40 kilómetros de la capital. El centro está gestionado por la Fundación Ginsomediante convenio con la Comunidad de Madrid.
Ramón Barrios, que cumplía su tercer fin de semana de internamiento, de los 12 que se le habían impuesto, estaba condenado por cometer delitos menores de hurto cuando aún no había alcanzado la mayoría de edad. Ésta es precisamente la razón por la que no fue recluido en una cárcel sino en un centro de menores, a pesar de que llevaría a cabo el cumplimiento de la pena ya con 18 años.
Cuatro meses después, la familia Barrios no se rinde. Las causas de la muerte son inciertas, según acreditó en un primer momento el informe de la forense. “La familia comenzó a dudar porque todo era muy contradictorio”, explica Violeta Fernández, que ejerce de portavoz ante los medios. Las diversas informaciones ofrecidas tras la defunción y los testimonios aportados por los distintos testigos no encajan.
Por un porro de hachis
Todo comenzó el segundo fin de semana que Ramón pasaba en el centro, cuando fue sorprendido fumando hachis. Ese mismo domingo, durante su traslado de regreso a su casa, “fue abandonado en medio del trayecto sin dinero ni teléfono móvil, como medida de castigo”, explica Fernández. Sin embargo esto no fue suficiente.
El sábado siguiente, los vigilantes de seguridad obligaron a Ramón a desnudarse para comprobar que no portaba ninguna droga, pero él se opuso, por lo que fue esposado. Finalmente, tras comprobar que no llevaba ninguna sustancia, el joven permaneció inmovilizado. Algunas horas después, tras la cena, Ramón pidió algún medicamento contra el dolor de muelas. Como requería la visita de un médico, los vigilantes, alegando que estaba muy nervioso, le inmovilizaron boca abajo sobre su cama. Después de eso, Barrios murió.
En un primer momento, trabajadores del centro de Brea de Tajo dijeron a la familia que el chico estaba un poco amoratado antes de ser paralizado por los dos vigilantes, sin embargo, estos mismos, tras ofrecer su testimonio ante la denuncia de la familia el día 9 de julio, “han comunicado que presionaron a Ramón hasta que dejó de moverse y se dieron cuenta de que estaba morado”, afirma el abogado Erlantz Ibarrondo, quien se ofreció a llevar el caso, ya que la familia nunca contó con la ayuda de uno de oficio.
Ibarrondo denuncia que las instituciones públicas no han querido ahondar en el asunto, “la fiscalía no ha hecho absolutamente nada hasta ahora”. A todo esto, se suma el trato que recibieron los allegados al chico cuando fueron informados de su fallecimiento.
La familia fue avisada casi diez horas después de que se certificara la muerte de Ramón. En ese momento, sus padres decidieron personarse en el penal, y no fue hasta una hora después cuando el director les dijo que no podían ver al chico hasta que no lo llevaran al tanatorio. Finalmente, y aunque estaba maquillado, la familia pudo fotografiar hematomas en el cuerpo sin vida de Ramón. Dichas contusiones no figuran como tal en el informe de la forense, sino como livideces propias de un cadáver.
El problema fundamental reside en que el informe de la forense se realizó con el primer testimonio, y no tenía en cuenta los posibles golpes y magulladuras propios de un fuerte forcejeo y posterior inmovilización. Por lo que tras un exhaustivo análisis de drogas en el cuerpo del joven, la especialista sólo pudo certificar como “incierta” la causa de la muerte, ya que Ramón no presentaba ninguna enfermedad previa que pudiera haber ocasionado un fallo cardíaco.
La familia Barrios pide que se revise dicho informe y que los vigilantes, que han sido llamados por el Juzgado de Menores número 7 como testigos para la vista oral, lo hagan como posibles responsables de la muerte de Ramón. “Solicitamos que declaren como imputados y no como meros testigos, como ha pedido hasta ahora el juez”, explica Erlantz Ibarrondo.
http://www.kaosenlared.net/noticia/194490/familia-joven-muerto-centro-menores-pide-justicia
