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La AUGC denuncia que los agentes imputados en Ibi siguen trabajando
Los guardias llegaron incluso a denunciar a los compañeros que realizaron la investigación por coacciones y amenazas
17.09.11 - 00:01 - A. S. MOLLÁ | ALICANTE.
Ninguno de los cuatro agentes de la Guardia Civil de Ibi imputados por falsear atestados y quedarse con dinero u objetos confiscados ha sido apartado de su puesto de trabajo. Los dos sargentos investigados -un hombre y una mujer- están de baja, mientras que el cabo y el guardia supuestamente corruptos siguen en activo.
Así lo denunció ayer la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) de Alicante, que fue la que inició la investigación judicial al denunciar, en mayo de 2010, las presuntas irregularidades detectadas el cuartel de Ibi. Según explicó ayer el portavoz de la asociación en Alicante, Manuel Martínez, la AUGC tuvo conocimiento de esta supuesta mafia policial gracias a una carta anónima que enviaron a su sede. Finalmente, una investigación interna de la Guardia Civil y la instrucción judicial destaparon indicios suficientes para imputar a estos cuatro agentes.
Martínez explicó que los investigados «se dedicaron durante toda la instrucción, desde sus puestos de trabajo, a intentar destruir las pruebas que había contra ellos». No obstante, Martínez quiso aclarar que en el caso de la sargento a la que el juez imputa por omisión del deber de perseguir delitos, ellos pedirán su absolución, porque tienen la convicción de que es «inocente» y no era «conocedora» de las irregularidades supuestamente cometidas por el resto de los imputados.
Entre los hechos que se han podido acreditar durante la investigación judicial, «dilatada y minuciosa», según puntualizó Martínez, está la apropiación indebida de más de 600 euros intervenidos a algunos arrestados, la alteración de atestados para borrar cualquier rastro de que ese dinero se había confiscado o la destrucción de pruebas como una papelina de cocaína que fue sustituida por yeso. Además, en el auto, el juez menciona que el sargento imputado, que en ese momento era comandante accidental del puesto de Ibi, se llevó a su casa una 'playstation' confiscada en una operación de la Guardia Civil.
De hecho, en la causa figura una grabación de las cámaras de seguridad del cuartel en la que se ve a este sargento sacando la vídeconsola del edificio. Estas imágenes llegaron hasta el coronel jefe de la Comandancia de Alicante, junto con un escrito de la AUGC explicando los hechos denunciados en un juzgado de Ibi.
A partir de ahí, el coronel jefe decidió depurar responsabilidades e iniciar una investigación interna que encargó a la Policía Judicial de Villena. Cuando se comprobó el «calado» de la presunta trama, las pesquisas las asumió el grupo de Patrimonio de la Comandancia, según relató el portavoz de la AUGC.
Martínez alabó ayer la «profesionalidad» del coronel al iniciar inmediatamente esta investigación interna para demostrar si efectivamente había algún 'garbanzo negro' en el cuartel de Ibi.
Sin embargo, desde la asociación se mostraron muy críticos con el papel del capitán del puesto de Ibi (el máximo responsable) y la capitana jurídica de Asuntos Internos, desplazada desde Valencia, quienes, a su juicio «hicieron más caso a los denunciados que a los denunciantes, creyendo que todo era una 'caza de brujas'.
Asimismo, Martínez criticó que los guardias investigados permanecieran en sus puestos «cuando agentes imputados incluso por faltas administrativas son apartados cautelarmente del servicio».
Además, el portavoz de la asociación reveló que dos de los imputados -el sargento y el cabo- llegaron a denunciar incluso a los agentes que les investigaron «por coacciones y amenazas», y que también actuaron judicialmente «por un tema inverosímil» contra el propio coronel jefe de la Comandancia y el secretario general de la AUGC.
Por su parte, el abogado de la asociación, que ejercerá la acusación particular en el caso, detalló ayer que los delitos que se les imputan a los agentes investigados -infidelidad en la custodia de documentos, falsedad documental, apropiación indebida y omisión del deber de perseguir delitos) conllevan penas de prisión de uno a seis años y, al ser funcionarios públicos, también llevan aparejada la inhabilitación, lo que implicaría su separación del servicio. Ahora, Fiscalía, acusación y defensas tendrán que presentar sus calificaciones.
Los guardias llegaron incluso a denunciar a los compañeros que realizaron la investigación por coacciones y amenazas
17.09.11 - 00:01 - A. S. MOLLÁ | ALICANTE.
Ninguno de los cuatro agentes de la Guardia Civil de Ibi imputados por falsear atestados y quedarse con dinero u objetos confiscados ha sido apartado de su puesto de trabajo. Los dos sargentos investigados -un hombre y una mujer- están de baja, mientras que el cabo y el guardia supuestamente corruptos siguen en activo.
Así lo denunció ayer la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) de Alicante, que fue la que inició la investigación judicial al denunciar, en mayo de 2010, las presuntas irregularidades detectadas el cuartel de Ibi. Según explicó ayer el portavoz de la asociación en Alicante, Manuel Martínez, la AUGC tuvo conocimiento de esta supuesta mafia policial gracias a una carta anónima que enviaron a su sede. Finalmente, una investigación interna de la Guardia Civil y la instrucción judicial destaparon indicios suficientes para imputar a estos cuatro agentes.
Martínez explicó que los investigados «se dedicaron durante toda la instrucción, desde sus puestos de trabajo, a intentar destruir las pruebas que había contra ellos». No obstante, Martínez quiso aclarar que en el caso de la sargento a la que el juez imputa por omisión del deber de perseguir delitos, ellos pedirán su absolución, porque tienen la convicción de que es «inocente» y no era «conocedora» de las irregularidades supuestamente cometidas por el resto de los imputados.
Entre los hechos que se han podido acreditar durante la investigación judicial, «dilatada y minuciosa», según puntualizó Martínez, está la apropiación indebida de más de 600 euros intervenidos a algunos arrestados, la alteración de atestados para borrar cualquier rastro de que ese dinero se había confiscado o la destrucción de pruebas como una papelina de cocaína que fue sustituida por yeso. Además, en el auto, el juez menciona que el sargento imputado, que en ese momento era comandante accidental del puesto de Ibi, se llevó a su casa una 'playstation' confiscada en una operación de la Guardia Civil.
De hecho, en la causa figura una grabación de las cámaras de seguridad del cuartel en la que se ve a este sargento sacando la vídeconsola del edificio. Estas imágenes llegaron hasta el coronel jefe de la Comandancia de Alicante, junto con un escrito de la AUGC explicando los hechos denunciados en un juzgado de Ibi.
A partir de ahí, el coronel jefe decidió depurar responsabilidades e iniciar una investigación interna que encargó a la Policía Judicial de Villena. Cuando se comprobó el «calado» de la presunta trama, las pesquisas las asumió el grupo de Patrimonio de la Comandancia, según relató el portavoz de la AUGC.
Martínez alabó ayer la «profesionalidad» del coronel al iniciar inmediatamente esta investigación interna para demostrar si efectivamente había algún 'garbanzo negro' en el cuartel de Ibi.
Sin embargo, desde la asociación se mostraron muy críticos con el papel del capitán del puesto de Ibi (el máximo responsable) y la capitana jurídica de Asuntos Internos, desplazada desde Valencia, quienes, a su juicio «hicieron más caso a los denunciados que a los denunciantes, creyendo que todo era una 'caza de brujas'.
Asimismo, Martínez criticó que los guardias investigados permanecieran en sus puestos «cuando agentes imputados incluso por faltas administrativas son apartados cautelarmente del servicio».
Además, el portavoz de la asociación reveló que dos de los imputados -el sargento y el cabo- llegaron a denunciar incluso a los agentes que les investigaron «por coacciones y amenazas», y que también actuaron judicialmente «por un tema inverosímil» contra el propio coronel jefe de la Comandancia y el secretario general de la AUGC.
Por su parte, el abogado de la asociación, que ejercerá la acusación particular en el caso, detalló ayer que los delitos que se les imputan a los agentes investigados -infidelidad en la custodia de documentos, falsedad documental, apropiación indebida y omisión del deber de perseguir delitos) conllevan penas de prisión de uno a seis años y, al ser funcionarios públicos, también llevan aparejada la inhabilitación, lo que implicaría su separación del servicio. Ahora, Fiscalía, acusación y defensas tendrán que presentar sus calificaciones.
