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La entrada en vigor de los recortes de personal en el servicio de protección a cargos públicos en el País Vasco, que implican por ejemplo la reducción en la vigilancia de amenazados por ETA de dos escoltas a uno, ha provocado duras críticas en el sector. Las asociaciones y sindicatos de escoltas no solo aseguran que, tras los cambios, no están "en condiciones de garantizar la seguridad de nuestros protegidos en estas condiciones de trabajo"; también denuncian prácticas "ilegales" por parte de las empresas de seguridad para mermar el número de profesionales.
"Un único escolta, sin compañero, no puede garantizar la seguridad de su protegido ni la suya propia. Los recortes están generando un ambiente muy tenso y de desconfianza, porque si bien es cierto que ya no te agreden cada vez que vas a un acto en un ayuntamiento, sí sigue habiendo insultos y amenazas", señala a este diario un portavoz de la Asociación de Escoltas en Activo del País Vasco, que agrupa a 1.800 profesionales. Insiste en que la orden de reducir la intensidad de la vigilancia es "precipitada, y entraña peligro para nuestros protegidos, además de exponer a los propios escoltas, que realizarán su trabajo en solitario, a un riesgo innecesario".
Las advertencias de los escoltas también hacen referencia a los recortes en el material o en los vehículos. "Antes, cuando disponíamos de vehículo, lo utilizábamos como una herramienta más de trabajo, por ejemplo, de parapeto cuando nos tiraban piedras u otros objetos. El compañero que conducía siempre estaba preparado para salir disparados si era necesario. Ahora, al utilizar el coche del protegido no se pueden realizar ese tipo de actuaciones. Ahora quien conduce es el protegido", advierten desde la asociación, que reclama cierta "comprensión y sensibilidad” por parte de la clase política. "Parte de los compañeros que están ahora en la calle son los mismos que hace una década soportaban agresiones y pedradas para proteger a los políticos que ahora no se dignan a recibirnos”.
Denuncias de despidos ilegales
Ayer, uno de septiembre, se fueron a la calle solo en Guipúzcoa 23 escoltas de la compañía Segur Ibérica, que contaba en la ciudad con 150 efectivos. El secretario general del sindicato independiente USETI (al que están afiliados 300 escoltas en el País Vasco), Benito Chacón, ilustra la situación que atraviesan sus compañeros con este caso concreto. "Han despedido a tres miembros del Comité de Empresa y dos enlaces sindicales. Es ilegal, pero quieren quitarse a los más incómodos a cualquier precio", cuenta a El Confidencial.
Chacón y otro compañero del sindicato fueron despedidos recientemente tras aparecer en un reportaje de El Confidencial que denunciaba la precariedad que sufren los escoltas. Tras más de una década jugándose la vida en el País Vasco, asegura que su empresa, Ombuds Seguridad, a la que llegó a denunciar, no le ha pagado "ni el último mes de trabajo ni los gastos ni la indemnización”.
La asociación de escoltas del País Vasco secunda estas denuncias. Aunque remarcan que los modos de actuación de cada empresa son diferentes, "nos consta que hay compañías de seguridad que están machacando a la gente hasta que lo dejan o pierden los nervios". Chacón describe la estrategia que están siguiendo la mayoría de las firmas de la siguiente forma: "Echan a 50 y no les pagan los 45 días por año, sino, por ejemplo, 20. De esos 50 escoltas, 20 no denuncian porque no quieren problemas, no quieren que los veten en otras empresas. De los 30 restantes, algunos no pueden pagar el abogado y de los que sí denuncian, algún juez le da la razón a la empresa. Acatan las sentencias, echan cuentas y eso es más rentable que’ pagarles a todos los 45 días por año”.
Otro ejemplo. La compañía Casesa (Castellana de Seguridad) ha evitado los despidos acordando, según Chacón, un ERE parcial: el escolta trabaja quince días, descansa tres y va doce al paro. La empresa paga el 60% de los ingresos del trabajador y el ERE el 15 restante. Sin embargo, los escoltas realizan tantas horas de trabajo que en 15 días ya han cubierto los turnos correspondientes a un mes de trabajo, que a la empresa termina costándole un 60%. "Esto es un fraude al INEM y un negocio redondo para la empresa”, zanja Chacón.
"Un único escolta, sin compañero, no puede garantizar la seguridad de su protegido ni la suya propia. Los recortes están generando un ambiente muy tenso y de desconfianza, porque si bien es cierto que ya no te agreden cada vez que vas a un acto en un ayuntamiento, sí sigue habiendo insultos y amenazas", señala a este diario un portavoz de la Asociación de Escoltas en Activo del País Vasco, que agrupa a 1.800 profesionales. Insiste en que la orden de reducir la intensidad de la vigilancia es "precipitada, y entraña peligro para nuestros protegidos, además de exponer a los propios escoltas, que realizarán su trabajo en solitario, a un riesgo innecesario".
Las advertencias de los escoltas también hacen referencia a los recortes en el material o en los vehículos. "Antes, cuando disponíamos de vehículo, lo utilizábamos como una herramienta más de trabajo, por ejemplo, de parapeto cuando nos tiraban piedras u otros objetos. El compañero que conducía siempre estaba preparado para salir disparados si era necesario. Ahora, al utilizar el coche del protegido no se pueden realizar ese tipo de actuaciones. Ahora quien conduce es el protegido", advierten desde la asociación, que reclama cierta "comprensión y sensibilidad” por parte de la clase política. "Parte de los compañeros que están ahora en la calle son los mismos que hace una década soportaban agresiones y pedradas para proteger a los políticos que ahora no se dignan a recibirnos”.
Denuncias de despidos ilegales
Ayer, uno de septiembre, se fueron a la calle solo en Guipúzcoa 23 escoltas de la compañía Segur Ibérica, que contaba en la ciudad con 150 efectivos. El secretario general del sindicato independiente USETI (al que están afiliados 300 escoltas en el País Vasco), Benito Chacón, ilustra la situación que atraviesan sus compañeros con este caso concreto. "Han despedido a tres miembros del Comité de Empresa y dos enlaces sindicales. Es ilegal, pero quieren quitarse a los más incómodos a cualquier precio", cuenta a El Confidencial.
Chacón y otro compañero del sindicato fueron despedidos recientemente tras aparecer en un reportaje de El Confidencial que denunciaba la precariedad que sufren los escoltas. Tras más de una década jugándose la vida en el País Vasco, asegura que su empresa, Ombuds Seguridad, a la que llegó a denunciar, no le ha pagado "ni el último mes de trabajo ni los gastos ni la indemnización”.
La asociación de escoltas del País Vasco secunda estas denuncias. Aunque remarcan que los modos de actuación de cada empresa son diferentes, "nos consta que hay compañías de seguridad que están machacando a la gente hasta que lo dejan o pierden los nervios". Chacón describe la estrategia que están siguiendo la mayoría de las firmas de la siguiente forma: "Echan a 50 y no les pagan los 45 días por año, sino, por ejemplo, 20. De esos 50 escoltas, 20 no denuncian porque no quieren problemas, no quieren que los veten en otras empresas. De los 30 restantes, algunos no pueden pagar el abogado y de los que sí denuncian, algún juez le da la razón a la empresa. Acatan las sentencias, echan cuentas y eso es más rentable que’ pagarles a todos los 45 días por año”.
Otro ejemplo. La compañía Casesa (Castellana de Seguridad) ha evitado los despidos acordando, según Chacón, un ERE parcial: el escolta trabaja quince días, descansa tres y va doce al paro. La empresa paga el 60% de los ingresos del trabajador y el ERE el 15 restante. Sin embargo, los escoltas realizan tantas horas de trabajo que en 15 días ya han cubierto los turnos correspondientes a un mes de trabajo, que a la empresa termina costándole un 60%. "Esto es un fraude al INEM y un negocio redondo para la empresa”, zanja Chacón.
