La decisión del Departamento de Interior de privatizar la seguridad de las comisarías está levantando ampollas en la Ertzaintza. El sindicato mayoritario de la Policía vasca, Erne, ha hecho público un comunicado en el que denuncia este plan y asegura que, además de debilitar la protección de los centros policiales, supone una imposición de la consejería, por lo que pide a los partidos políticos que muestren su rechazo a esta norma.
La protección de las comisarías por medios de compañías privadas es un plan de largo alcance de Interior. Por una parte, permite retirar a ertzainas de labores como la protección de centros policiales y ponerlos a patrullar en las calles, en un momento en el que desde distintas instancias internas se reclama un aumento de la plantilla. Pero por otro lado, tiene otro objetivo más complejo: dar una salida laboral a los escoltas que quedarán en paro con la reducción de servicios de protección que tanto el Ministerio como la consejería de Interior han aprobado en los últimos meses.
Según cálculos de las centrales sindicales que atienden a los trabajadores de la seguridad privada, alrededor de 200 profesionales podrían quedar en el paro en los próximos meses cuando se pongan en marcha medidas como la eliminación de escoltas.
La medida que baraja Interior tiene precedentes, ya que edificios oficiales del Gobierno Vasco -como las propias oficinas de Lakua- como recintos policiales -la Academia de Arkaute, por ejemplo- ya cuentan con empresas privadas de seguridad.

http://www.diariovasco.com/v/20110704/politica/erne-rechaza-privatizacion-seguridad-20110704.html