En octubre de 2009, la juez Pilar de Lara Cifuentes ordenaba la detención de más de veinte personas a las que se sumaron muchas más conforme pasaron los meses. Investigaba su relación con una supuesta red de prostitución y corrupción que operaba en Lugo desde hacía tiempo, y en la que resultaron salpicados no sólo los proxenetas sino miembros de la Guardia Civil, agentes de la Policía Local o responsables de Extranjería. Era el comienzo de la trama de los burdeles que dió lugar a la 'Operación Carioca'.

A finales de la semana pasada, y tras un requerimiento por parte de varios de los abogados de las partes implicadas, la juez decidía abrir parcialmente el secreto de sumario. Cerca de un centenar de abogados personados en la causa tenían a su disposición un disco duro con más de 60 GB de información, 161 tomos y 75.700 folios que dan cuenta de la magnitud de la operación. Alguno de los letrados que ha tenido acceso al sumario cree que es una de las causas más extensas de Galicia y no dudan en compararla con macro operaciones a nivel nacional como el caso 'Malaya' (Málaga).

La apertura del sumario ha arrojado luz no sólo en relación al origen de la operación y sus posibles derivadas judiciales, sino también sobre los principales protagonistas de una red de proxenetas que actuaban en presunta connivencia con las fuerzas y cuerpos de seguridad.
A día de hoy, el caso afecta a cerca de un centenar de imputados y varios encarcelados e incluye, presuntamente, la desaparición de alguna de las mujeres que ejercían la prostitución. Entre los encausados, se encuentran agentes de la Guardia Civil, Policía Nacional y Policía Local, empresarios, médicos o abogados, así como el ex subdelegado del Gobierno en Lugo por posible omisión del deber de perseguir un delito en función de la jerarquía que ocupaba sobre los demás agentes imputados.
Una inmigrante ilegal habló

La trama corrupta se destapó, tal y como se desprende del sumario, tras la denuncia de una inmigrante ilegal que había trabajado como prostituta en uno de los clubes investigados y que había acudido a la comandancia de la Guardia Civil para denunciar abusos por parte de un cabo del cuerpo, que resultaría ser uno de los cabecillas de la operación. A partir de ese momento, el Juzgado de Instrucción número de 1 de Lugo decide rearmarse y hace venir de Madrid a un grupo de guardia civiles de Asuntos Internos que investigan la causa.

Tras varios meses de escuchas telefónicas, de pesquisas y seguimientos comienzan las primeras detenciones, en octubre de 2009. En poco tiempo, se cierran los cuatro locales de alterne en los que presuntamente operaba la trama. Dos de ellos a las afueras de la ciudad, el 'Queens' y el 'Eros', el 'Volvoreta', ubicado en una calle del centro y el 'Colina', situado a pocos kilómetros de Lugo, en el Ayuntamiento de Outeiro de Rei. Desde ese momento, el 'Eros', uno de los centros de operaciones de la red, ha sido quemado de forma intencionada en casi una decena de veces para tratar de eliminar pruebas.

Entre los primeros arrestados figuran no sólo los supuestos propietarios de los prostíbulos y sus afines, sino un cabo de la Guardia Civil y principal colaborador del dueño del 'Queens', A.L.T., o un agente de la Policía Local, J.R.V.R.. El sumario destapa la ayuda que los agentes prestaban a los proxenetas, supuestamente a cambio de favores sexuales, consumiciones gratis o droga en los locales de alterne. En un inicio no se descartaba el pago de los proxenetas a sus valedores a cambio de la impunidad, sospecha que no ha podido ser demostrada.





Las irregularidades transcritas en el sumario van desde el arreglo de papeles a las prostitutas para conseguir su continuidad en el país hasta la paralización de órdenes de expulsión.

El sumario refiere además coacciones, presiones y abusos a mujeres, contratos de trabajo ilegales, información privilegiada sobre redadas e investigaciones, inducción al aborto e incluso matrimonios de conveniencia. De por medio, subyace el posible consumo de estupefacientes, blanqueo de capital e incluso tráfico de armas.

Los supuestos proxenetas dueños de los clubes conseguían introducir en Galicia mujeres, en su mayoría latinoamericanas, para dedicarlas a la prostitución. En el caso del 'Queens', las condiciones laborales eran estrictamente controladas por el dueño del local quien llevaba una agenda en la que detallaba todos los servicios prestados por las mujeres. Algunas de ellas, incluso, llegaron a ser amonestadas por no cumplir las órdenes.

Durante los más de dos años y medio que duró la operación, numerosas prostitutas fueron recibidas por la juez Pilar de Lara para tomarles declaración. Muchas de ellas todavía mantienen su condición de testigo protegido. Otras han vuelto a sus países de origen por miedo a las represalias.
Entre los supuestos colaboradores del principal cabecilla de la organización, el propietario del club 'Queens', J.M.G.A., había un funcionario municipal y varios de Extranjería. El primero pudo haber colaborado incluso en la concesión de licencias de actividad o alcanzando actuaciones ventajosas para el local, abusando de su puesto en la Administración y sus contactos. Por su parte, los colaboradores de Extranjería se habrían encargado de legalizar la situación de algunas mujeres para que pudieran permanecer en Galicia.
Colaboración en Barajas

La red tejida por los cabecillas de la trama contaba con colaboración más allá de su ámbito de actuación. Desde Madrid prestaba su apoyo un policía del aeropuerto de Barajas, quien se cree que facilitaba el tránsito de prostitutas y llegó a falsificar los sellos de entrada en los pasaportes, prolongando la estancia de las mujeres en el país. Tras su detención, el policía fue acusado por presuntos delitos de cohecho, falsedad documental y un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros.
Posible desaparición

Entre los misterios que todavía permanecen ocultos se encuentra la presunta desaparición de una prostituta que trabajaba en el 'Queens'. Muchos de los testigos reconocen haber oído hablar del tema, aunque de momento nada se sabe sobre su paradero. En los meses en los que comenzaron las investigaciones aparecieron varias pintadas sobre el muro del local en las que se podía leer: '¿dónde está Ana?'. Muchas de las mujeres prostitutas han reconocido el comportamiento agresivo de J.M.G.A., con el que procuraban no tener problemas.

Cuando la juez desembarcó en el 'Queens', se especuló con la posibilidad de remover la tierra de la parcela ante la posible existencia de restos de abortos practicados en el establecimiento, y también para tratar de dirimir las sospechas en relación con una presunta muerte. Al parecer, tras la inspección pormenorizada del local y sus aledaños, la opción fue descartada.
Operaciones relacionadas

Tras la investigación, la juez ha decidido separar las diligencias contra dos imputados en la 'operación Carioca', al margen del sumario principal. Los cargos podrían tener que ver con un delito contra los trabajadores extranjeros y otro relacionado con la libertad sexual de las personas. No se descarta, asimismo, alguna otra investigación paralela, entre las que podría haber algún político lucense implicado. Todavía no se conoce cuál será el juzgado encargado de investigar estos casos.

La trama de los burdeles ha permitido además destapar otro presunto caso de corrupción relacionado con el impago de multas interpuestas por la Policía Local y la Jefatura Provincial de Tráfico, unas diligencias que investiga la titular del Juzgado número 3, Estela San José.


http://www.elmundo.es/elmundo/2011/04/09/galicia/1302382919.html