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Los sindicatos de seguridad privada critican que no sea obligatorio hacer trabajar en pareja a los agentes
Los sindicatos SIPVS y CC.OO. sostienen que así la agresión se podría haber minimizado o evitado; según UGT, se hubiera producido de todas formas | Renfe lamenta la muerte del vigilante y niega "rotundamente" las acusaciones de reducción de plantilla
La muerte del vigilante Rafael G. J. la mañana de este viernes en la estación de tren de Castelldefels ha generado un aluvión de críticas entre los diferentes sindicatos del sector en Catalunya, aunque no tienen una posición unánime. Según UGT, el mayoritario, lamentablemente la muerte se habría producido aunque la dotación de agentes hubiera sido mayor. CC.OO., en cambio, considera que con dos vigilantes "la agresión mortal se hubiera podido evitar" sin lugar a dudas y el independiente SIPVS va más allá y culpa a Renfe y Prosegur del fallecimiento por haber reducido la plantilla en la estación hace un año.
Pese a haber sido consultados por LV.es ni Renfe ni la empresa Prosegur han querido pronunciarse sobre esta acusación de insuficiencia de efectivos durante el suceso. "En primer lugar, lo más importante ahora es la familia de la persona fallecida y en segundo lugar, la investigación de los Mossos d'Esquadra", ha sostenido un portavoz de Renfe. "Las acusaciones que han lanzado algunos sindicatos son rotundamente falsas, como que se haya reducido la plantilla en Castelldefels. Todas las empresas tienen unos recursos, que se optimizan lo mejor posible para ofrecer el mejor servicio posible", ha manifestado la misma fuente.
El presunto recorte de gastos y agentes, según los sindicatos
El Sindicato Independiente de Profesionales de Vigilancia y Servicios de Catalunya (SIPVS) ha denunciado la mañana de este viernes que Renfe y la empresa de seguridad Prosegur, en la que trabajaba el vigilante fallecido, habrían reducido a la mitad la plantilla de agentes en la estación con el objetivo de recortar gastos. "Hace un año había dos agentes en la estación de Castelldefels, dotados de armas de fuego, pero para reducir los gastos se dejó a un único vigilante y sin arma", explica Pedro Oliva, gerente del sindicato, el segundo en representatividad en Catalunya. En la actualidad, según Oliva, los vigilantes utilizan como única protección personal una porra y unas esposas.
José Antonio Roldán, responsable de Seguridad Privada del sindicato CC.OO., el tercero en representatividad de este sector en Catalunya, ha declarado no tener conocimiento del recorte denunciado por SIPVS, pero ha asegurado que “las medidas de seguridad personal para los vigilantes privados no son suficientes”: “Indiscutiblemente se hubiera podido evitar con dos agentes, porque no es lo mismo repeler una agresión de uno contra uno, que hacerlo entre dos”, ha lamentado. Roldán se queja, además, de la falta de equiparación con la policía en lo que a medidas de protección personal se refiere: “No se entiende que la ley no obligue a que los vigilantes vayan, al menos, de dos en dos, si realizan tareas semejantes a las de los cuerpos policiales y a ellos sí se les hace patrullar en pareja”.
"Esto no hubiera sucedido si Prosegur y Renfe no hubieran hecho el recorte, porque el presunto asesino hubiera visto más gente, no se hubiera rebotado tanto y se habría marchado a su casa", juzga Oliva, que también es miembro del Comité de Empresa de Prosegur. "Y al final de su jornada, Rafael [la víctima] también hubiera podido regresar a su casa", añade. Rafael G. J. era un veterano de la vigilancia privada, "con diez años de experiencia como mínimo", según Oliva.
El gerente del SIPVS anuncia que su organización exigirá una investigación al Comité de Prevención de Riesgos Laborales, para que determine si además de un asesinato ha habido un accidente laboral. "Habrá que ver si este trabajador tenía todas las herramientas necesarias para realizar su labor y pedir a la Inspección de Trabajo que tome las medidas necesarias para que el personal de Seguridad Privada no quede desamparado por motivos económicos", sostiene. También avisa que la reducción de efectivos en las estaciones no es sólo un riesgo para la vida de los vigilantes, sino también para cualquier usuario del tren: "Por la estación de Castelldefels pasan miles de personas cada día, es incomprensible que haya un único agente para garantizar la seguridad de tantos pasajeros”.
José Antonio Roldán, de CC.OO., también considera que se trata de un accidente laboral, "porque el agente estaba en su lugar de trabajo", y que las investigaciones deberán determinar “si ha habido negligencia de la empresa contratante, del cliente y de las Administraciones”. También reivindica que hace años que su sindicato defiende el cambio legal y una protección extra para los vigilantes de transportes blindados, que a su juicio deberían dotarse de armas más potentes y chalecos antibala. “Hay una campaña generalizada –sostiene– para que se retiren las armas a los vigilantes, pero debe reflexionarse en qué sitios no hacen falta y en qué sitios sí”.
Según UGT, la muerte del vigilante no estaría vinculada al recorte
El sindicato mayoritario en la profesión, UGT, ha sostenido una postura menos contundente y ha considerado que la agresión al agente Rafael G. J. no ha sido directamente causada por la reducción de plantilla. “El agresor podía haber matado a la víctima tanto si era un agente como dos, porque el puñetazo mortal se lo hubiera podido dar igualmente”, ha asegurado Josep Gironès, responsable de la Federación de Servicios de UGT Catalunya.
No obstante, ha destacado que la tarea de los guardias de seguridad es un servicio público pese a depender de una contratación privada, por lo que “se les debe reconocer su función como agentes de la autoridad” y “garantizarse una contratación en mejores condiciones, para que su servicio pueda ser de más calidad”. “Pese a que es un trabajo con un cierto grado de peligrosidad física, podrían reducirse los riesgos si la
Conselleria, el Ministerio del Interior y las empresas de seguridad ponen los recursos adecuados”, ha afirmado Gironès.
Los tres sindicatos, así como también la Federación de Trabajadores de la Seguridad Privada de la USOC (FTSP-USOC), han expresado su condena a la agresión y su apoyo a la familia de la víctima, a la que harán llegar su pésame.
http://www.lavanguardia.es
WWW.VIGILANTESCCOOULL.ES
Los sindicatos SIPVS y CC.OO. sostienen que así la agresión se podría haber minimizado o evitado; según UGT, se hubiera producido de todas formas | Renfe lamenta la muerte del vigilante y niega "rotundamente" las acusaciones de reducción de plantilla
La muerte del vigilante Rafael G. J. la mañana de este viernes en la estación de tren de Castelldefels ha generado un aluvión de críticas entre los diferentes sindicatos del sector en Catalunya, aunque no tienen una posición unánime. Según UGT, el mayoritario, lamentablemente la muerte se habría producido aunque la dotación de agentes hubiera sido mayor. CC.OO., en cambio, considera que con dos vigilantes "la agresión mortal se hubiera podido evitar" sin lugar a dudas y el independiente SIPVS va más allá y culpa a Renfe y Prosegur del fallecimiento por haber reducido la plantilla en la estación hace un año.
Pese a haber sido consultados por LV.es ni Renfe ni la empresa Prosegur han querido pronunciarse sobre esta acusación de insuficiencia de efectivos durante el suceso. "En primer lugar, lo más importante ahora es la familia de la persona fallecida y en segundo lugar, la investigación de los Mossos d'Esquadra", ha sostenido un portavoz de Renfe. "Las acusaciones que han lanzado algunos sindicatos son rotundamente falsas, como que se haya reducido la plantilla en Castelldefels. Todas las empresas tienen unos recursos, que se optimizan lo mejor posible para ofrecer el mejor servicio posible", ha manifestado la misma fuente.
El presunto recorte de gastos y agentes, según los sindicatos
El Sindicato Independiente de Profesionales de Vigilancia y Servicios de Catalunya (SIPVS) ha denunciado la mañana de este viernes que Renfe y la empresa de seguridad Prosegur, en la que trabajaba el vigilante fallecido, habrían reducido a la mitad la plantilla de agentes en la estación con el objetivo de recortar gastos. "Hace un año había dos agentes en la estación de Castelldefels, dotados de armas de fuego, pero para reducir los gastos se dejó a un único vigilante y sin arma", explica Pedro Oliva, gerente del sindicato, el segundo en representatividad en Catalunya. En la actualidad, según Oliva, los vigilantes utilizan como única protección personal una porra y unas esposas.
José Antonio Roldán, responsable de Seguridad Privada del sindicato CC.OO., el tercero en representatividad de este sector en Catalunya, ha declarado no tener conocimiento del recorte denunciado por SIPVS, pero ha asegurado que “las medidas de seguridad personal para los vigilantes privados no son suficientes”: “Indiscutiblemente se hubiera podido evitar con dos agentes, porque no es lo mismo repeler una agresión de uno contra uno, que hacerlo entre dos”, ha lamentado. Roldán se queja, además, de la falta de equiparación con la policía en lo que a medidas de protección personal se refiere: “No se entiende que la ley no obligue a que los vigilantes vayan, al menos, de dos en dos, si realizan tareas semejantes a las de los cuerpos policiales y a ellos sí se les hace patrullar en pareja”.
"Esto no hubiera sucedido si Prosegur y Renfe no hubieran hecho el recorte, porque el presunto asesino hubiera visto más gente, no se hubiera rebotado tanto y se habría marchado a su casa", juzga Oliva, que también es miembro del Comité de Empresa de Prosegur. "Y al final de su jornada, Rafael [la víctima] también hubiera podido regresar a su casa", añade. Rafael G. J. era un veterano de la vigilancia privada, "con diez años de experiencia como mínimo", según Oliva.
El gerente del SIPVS anuncia que su organización exigirá una investigación al Comité de Prevención de Riesgos Laborales, para que determine si además de un asesinato ha habido un accidente laboral. "Habrá que ver si este trabajador tenía todas las herramientas necesarias para realizar su labor y pedir a la Inspección de Trabajo que tome las medidas necesarias para que el personal de Seguridad Privada no quede desamparado por motivos económicos", sostiene. También avisa que la reducción de efectivos en las estaciones no es sólo un riesgo para la vida de los vigilantes, sino también para cualquier usuario del tren: "Por la estación de Castelldefels pasan miles de personas cada día, es incomprensible que haya un único agente para garantizar la seguridad de tantos pasajeros”.
José Antonio Roldán, de CC.OO., también considera que se trata de un accidente laboral, "porque el agente estaba en su lugar de trabajo", y que las investigaciones deberán determinar “si ha habido negligencia de la empresa contratante, del cliente y de las Administraciones”. También reivindica que hace años que su sindicato defiende el cambio legal y una protección extra para los vigilantes de transportes blindados, que a su juicio deberían dotarse de armas más potentes y chalecos antibala. “Hay una campaña generalizada –sostiene– para que se retiren las armas a los vigilantes, pero debe reflexionarse en qué sitios no hacen falta y en qué sitios sí”.
Según UGT, la muerte del vigilante no estaría vinculada al recorte
El sindicato mayoritario en la profesión, UGT, ha sostenido una postura menos contundente y ha considerado que la agresión al agente Rafael G. J. no ha sido directamente causada por la reducción de plantilla. “El agresor podía haber matado a la víctima tanto si era un agente como dos, porque el puñetazo mortal se lo hubiera podido dar igualmente”, ha asegurado Josep Gironès, responsable de la Federación de Servicios de UGT Catalunya.
No obstante, ha destacado que la tarea de los guardias de seguridad es un servicio público pese a depender de una contratación privada, por lo que “se les debe reconocer su función como agentes de la autoridad” y “garantizarse una contratación en mejores condiciones, para que su servicio pueda ser de más calidad”. “Pese a que es un trabajo con un cierto grado de peligrosidad física, podrían reducirse los riesgos si la
Conselleria, el Ministerio del Interior y las empresas de seguridad ponen los recursos adecuados”, ha afirmado Gironès.
Los tres sindicatos, así como también la Federación de Trabajadores de la Seguridad Privada de la USOC (FTSP-USOC), han expresado su condena a la agresión y su apoyo a la familia de la víctima, a la que harán llegar su pésame.
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