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Seguridad privada: problema público
Fuente: REFORMA
Jésica Zermeño Núñez
El pasado 11 de diciembre, la Policía Nacional de España detuvo a tres sobrecargos de Aeroméxico procedentes del Distrito Federal que pretendían introducir a ese país 140 kilos de cocaína. Días después, tras la revisión de los videos del Aeropuerto Benito Juárez, fue detenido un elemento de seguridad privada de la empresa española Eulen, una de las tres corporaciones de este tipo que proporciona sus servicios en la terminal aérea, quien aceptó haber ayudado a los sobrecargos a transportar la droga a cambio de 10 mil pesos.
Según las investigaciones, otros cuatro elementos más de Eulen son parte del Cártel de Galis y ayudaban a sobrecargos y pilotos a traficar cocaína hacia España. Hoy están prófugos.
Cada vez es más común encontrarlos, lo mismo en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México que afuera de una farmacia, una escuela o un pequeño negocio. Los policías privados se encuentran en todos lados.
Los mencionan cada vez más en los medios de comunicación. Como el 12 de junio del año pasado, cuando el hijo del compositor Joan Sebastián, Sebastián Figueroa, murió después de una riña con un guardia privado, quien le disparó dos veces. O como en diciembre, en Guadalajara, cuando se descubrió que estudiantes del Instituto Vocacional Enrique Díaz de León realizaban su servicio social como personal de seguridad privada cuidando las instalaciones de la Feria Internacional del Libro. La empresa que los contrató, Centurión, es propiedad del Secretario de Seguridad Ciudadana del ayuntamiento de la ciudad, Servando Sepúlveda. Esto es ilegal.
También hay historias que afectan a vecinos. El 10 de enero, la Agencia de Seguridad Estatal del Estado de México y la Policía Federal terminaron una revisión a 56 casetas de vigilancia de los fraccionamientos residenciales de Naucalpan y Huixquilucan. Encontraron que más del 80 por ciento de los policías privados que prestaban sus servicios eran piratas. De las 12 empresas que trabajan ahí, sólo dos tienen sus permisos en regla.
El panorama de las empresas de seguridad privada en México es complejo, y se ha complicado más con el aumento de competidores en el sector. El número de compañías autorizadas para ofrecer estos servicios en dos o más entidades se ha duplicado en lo que va del sexenio, al pasar de 375 empresas registradas ante el Gobierno federal en septiembre de 2006, a 714 en enero de 2011, según información de la Dirección General de Seguridad Privada de la Secretaría de Seguridad Pública.
Los estados con más empresas registradas actualmente son el Distrito Federal, con 321; Estado de México, con 134, y Jalisco, con 78.
El número de elementos de seguridad privada de estas empresas también se ha incrementado en este sexenio en 149 por ciento, al pasar de 57 mil 947 elementos registrados en el Sistema Nacional de Seguridad Pública en septiembre de 2006, a 144 mil 490 en junio de 2010.
Esta cifra no incluye las compañías de seguridad privada que operan sólo con licencias estatales, es decir, que pueden actuar sólo en un estado. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública, mil 642 empresas de seguridad privada tenían registro en los gobiernos locales en 2010.
A la par de esta industria, que representa uno por ciento del PIB nacional, según cálculos del Consejo Nacional de Seguridad Privada, se ha desarrollado un mercado de empresas "patito", es decir, que no cubren los requisitos para prestar el servicio. Según especialistas en el sector, el número de empresas en esta situación podría llegar a las 10 mil, entre las que ofrecen servicio de custodia, seguridad intramuros y locales que instalan servicios de geolocalización en automóviles sin ningún control en todo el territorio nacional.
De acuerdo con especialistas, a pesar del visible florecimiento del negocio de la seguridad privada en el País en los últimos años, el Gobierno federal no ha podido establecer reglas eficientes para regular la actividad del sector, pues la Secretaría de Seguridad Pública federal sólo tiene el control de las autorizaciones de operación para las empresas que trabajen en más de una entidad, a nivel estatal las autorizaciones corren a cargo de los gobiernos locales, y los controles para regular que las empresas "patito" no den servicio son ineficientes, por lo que se han multiplicado en el sexenio.
Para Alejandro Desfassiaux, presidente del Consejo Nacional de Seguridad Privada (CNSP), que aglutina a alrededor de 300 empresas, estas deficiencias en la legislación hacen que el sector sea un foco rojo.
Si bien ha habido cambios en la legislación federal para poner más orden en el sector durante el sexenio, los esfuerzos han sido insuficientes, dice el empresario.
"Hay una sobrerregulación brutal para quien sí está regulado a nivel federal, y hay una laxa regulación para el que opera a nivel local. Además, nadie controla a las empresas que operan sin permiso, están a sus anchas. Y la autoridad federal no tiene ningún poder para poner el orden. ¿Qué hacen muchas empresitas de seguridad privada? Operan un ratito en Puebla, luego se van a Tlaxcala, luego se van a Morelos, hacen un efecto cucaracha para evadir la ley", explica Desfassiaux.
La Secretaría de Seguridad Pública federal tiene un área especializada para regular estas empresas: la Dirección General de Seguridad Privada, cuyo titular es Luis Armando Rivera Castro. Enfoque solicitó desde diciembre del 2010 una entrevista con el funcionario, pero el área de comunicación social de la SSP no terminó de "tramitarla" hasta el momento.
Uno, dos, tres permisos
La desorganización en el sector es tal que las empresas tienen que tramitar un permiso por cada entidad federativa en la que laboren, incluso las que tienen un permiso federal. Éste se otorga únicamente a las empresas que reúnan 21 requisitos establecidos en la Ley Federal de Seguridad Privada y den servicio en dos o más entidades del País. Entre estos requisitos se encuentran la revisión de no antecedentes penales y la revisión del expediente de sus elementos en la Plataforma México, las autorizaciones de la Secretaría de la Defensa Nacional para portar armas y fotografías de los uniformes de la corporación.
Sin embargo, el grueso de las empresas del País labora a nivel local, en una sola entidad, lo que deja a la Secretaría de Seguridad Pública federal sin posibilidad de regular su registro. Cada entidad define de manera independiente cuáles son los requisitos para otorgar los permisos.
Un ejemplo es el estado de Aguascalientes. Según cifras de la Secretaría de Seguridad Pública local, existen actualmente en su padrón 41 empresas autorizadas para trabajar a nivel local. La SSP federal tiene registradas 12, de las cuales, 5 tienen su matriz en ese estado. Es decir, hay 29 cuyo permiso no fue avalado por la autoridad federal.
Esto, a juicio de empresarios del ramo, trae problemas, pues no todas las empresas cubren los mismos requisitos y es un incentivo para que las corporaciones no busquen tenerlo. Esto aumenta el riesgo para los clientes, pues la multiplicación de empresas "patito" ha resultado en más casos de agentes privados relacionados con el crimen organizado.
Además, es común que se dé el fenómeno de la doble tributación, es decir, que cada entidad en la que se trabaje cobre impuestos. Arnulfo Garibo, presidente de la Confederación Nacional de Empresarios de Seguridad Privada y Similares del Ramo (Conesprysir), pide una centralización en la obtención de los permisos.
"Si se tiene un permiso federal es como si no se tuviera. Porque si yo tengo un permiso federal y voy a Morelos, tengo que pedir otro permiso y tengo que pagar otros derechos. Ahí está una doble imposición... El permiso a nivel federal no funciona como tal, lo ideal sería que no se necesitaran todos los permisos... Ni en los pagos hay homologación", señala Garibo.
La falta de controles de la autoridad en la supervisión de permisos ha llegado a niveles preocupantes. Como en Ciudad Juárez, la ciudad más violenta del mundo. El 12 de enero, después de que el ayuntamiento realizara durante varios días visitas de supervisión a algunas empresas y puestos de vigilancia en la ciudad, el coordinador del Departamento de Supervisión de Empresas de Seguridad Privada del ayuntamiento, Roberto López, pidió a los habitantes de los fraccionamientos que cuentan con este servicio que sean ellos los que verifiquen que las empresas que trabajan en su colonia sean legales.
Según el funcionario, tan sólo en este municipio hay 224 corporaciones de seguridad privada registradas para ofrecer servicio, 164 activas.
Para acabar con las irregularidades, Desfassiaux propone la creación de un convenio de coordinación que acabe con la duplicidad de permisos. Esto, dice el empresario, repercutiría en mayor seguridad para los clientes.
"Para atacar la informalidad del sector, se requiere de coordinación entre las autoridades de los tres niveles de gobierno a través de la firma de un Convenio de Coordinación entre la Federación y las 32 entidades federativas, cuyo objeto debe ser la homologación de la normatividad que regula la prestación de servicios de seguridad privada y en el marco de la nueva Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública", expresa el presidente del CNSP.
Seguridad sin certezas
La falta de controles a las empresas de seguridad que no necesitan agentes también es un problema mayor. Encontrar un pequeño local donde instalen un GPS a los automóviles cada vez es más sencillo, pues la tecnología es barata y no se requieren grandes conocimientos técnicos, asegura Adrián Charansonnet, secretario de la Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad Privada e Industria Satelital (Amesis), que representa a alrededor de 24 empresas especializadas en esta tecnología.
"Atrás de un GPS debe haber un centro de control. Porque cuando tú pones un equipo de localización, y un tercero lo ve en una pantalla sabe exactamente dónde estás, hacia dónde te mueves, cuáles son tus puntos habituales de llegadas, salidas, horarios, etcétera... No hay control", explica, "y la demanda, con la guerra contra el narcotráfico, se ha multiplicado unas tres veces".
El gran problema, dice Charansonnet, es que en la normatividad de seguridad privada tiene amplias lagunas en materia de tecnología. "No se definen los alcances. Ésa es una tarea pendiente", explica.
Otro problema es el control de armas de fuego utilizadas por las corporaciones, que tampoco está regulado.
Según la Secretaría de la Defensa Nacional, hasta abril de 2010 había 51 licencias colectivas de portación de armas de fuego vigentes otorgadas a empresas de seguridad privada, 29 mil 72 armas. Es decir, el 7.1 por ciento de las empresas registradas a nivel federal tiene permiso oficial para utilizar armas, las que se dedican principalmente a traslado de valores, custodia y escolta personal.
Sin embargo, los empresarios del sector consultados aceptan que la cantidad de armas que utilizan las corporaciones podría ser el doble, o quizá muchas más, la mayoría adquiridas en el mercado ilegal y utilizadas por la delincuencia organizada.
"Las empresas que tienen permiso de portación de arma son muy fuertes, las más grandes. Tienen que pagar una equis cantidad de dinero por todos los requisitos que tienen que cubrir.
"En esta situación se presenta una irregularidad mayor. La ley dice que tú no puedes tener una empresa de seguridad privada si eres funcionario público. Hay muchos comandantes de la seguridad pública que tienen empresas de seguridad privada, que aunque la ley lo prohíba usan prestanombres. ¿Por qué hay gente armada en la calle? Porque ellos dicen 'yo tengo el mando, no hay ningún problema, tienen que venir conmigo'. La corrupción es a ese nivel", asegura Arnulfo Garibo.
Ése es el caso ya citado de Centurión, la empresa del secretario de Seguridad Ciudadana de Guadalajara, o de la empresa Protege, en Nuevo León, de la que fue dueño Francisco Cienfuegos, actual titular de Comunicación Social estatal.
Para Garibo, no existe ninguna dependencia, ni federal ni estatal, a la que le interese regular esta situación.
La conclusión de Desfassiaux es clara: en lo que queda del sexenio habrá pocas mejoras en el sector, pues no es la prioridad ni del Presidente Felipe Calderón ni de los mandatarios estatales. "Hoy la preocupación del Presidente es su lucha contra el narcotráfico, aunque siga avanzando la inseguridad en el País. La creación de la policía única sería sano, pero me parece muy difícil la homologación de todas las corporaciones. Mientras haya una, estaremos ahí, dando servicio por todas las policías, que no se hacen una", expresa.
Mientras, a los clientes lo que les queda es investigar por su cuenta si la empresa que contratarán para cuidarlos es confiable
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