La Guardia Civil retirará a sus agentes de los Juzgados de Aragón

La Dirección General de la Guardia Civil y la Policía Nacional retirará la próxima semana a todos los agentes de la Benemérita destinados en el servicio de seguridad de los órganos judiciales de Aragón por no pagar el Ejecutivo autónomo el complemento que deberían cobrar, como estaba previsto.

Fuentes de la Dirección General han informado de que este complemento se sitúa entre los 400 y los 500 euros mensuales y lo cobran estos agentes, que son guardias en la reserva con destino. Hasta 2010 era el Ministerio de Justicia el pagaba, en toda España, este complemento a los agentes, mediante un acuerdo con el Ministerio del Interior.

Según fuentes del Gobierno de Aragón, cuando éste se hizo cargo de las competencias de medios personales y materiales, en 2010, se incluyó una "relación contractual" con el Ministerio del Interior para que estos guardias, "siete u ocho" siguieran prestando sus servicios en los Juzgados aragoneses.

La Dirección General ha afirmado que es ella la que ha pagado el complemento a los agentes durante 2010 porque "a un año vista, no les ha pagado" el Gobierno de Aragón, mientras que el Ejecutivo regional ha aseverado que los guardias "han cobrado su sueldo".

La Dirección General ha indicado que ha negociado con otras comunidades autónomas, donde se realizan las mismas prácticas, y en algunas regiones ha mantenido el servicio de los guardias, mientras que en otras no ha sido así.

Fuentes del Gobierno de Aragón han señalado que se está a la espera de ambas partes firmen un nuevo convenio que marque las "relaciones" en este apartado y han precisado que "en ningún momento peligra la seguridad en los Juzgados" de la Comunidad Autónoma. El problema está "en vías de solución", han continuado las mismas fuentes.



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Guardias civiles o seguridad privada

Conflicto en la vigilancia de los juzgados aragoneses, ahora competencia del Gobierno autónomo. El Ministerio del Interior ha dicho basta al pago de los efectivos de la Guardia Civil asignados al servicio de custodia de oficinas judiciales y la DGA no termina de asumir el convenio. Es un servicio mixto que comparten también con la Unidad Adscrita de la Policía y con empresas de seguridad privada. Se puede debatir, pero seguro que algunos servicios impondrán más autoridad y más seguridad si hay un guardia cilvil que si la custodia es privada. A no ser que se busque la externalización, que esa es otra.

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La vigilancia de los juzgados aragoneses ha vuelto a enfrentar al Ministerio de Interior y a la Consejería de Política Territorial, Interior y Justicia de la DGA. La tensión ha llegado al punto de que la Guardia Civil cursó ayer la orden de que los efectivos de reserva asignados al servicio de custodia en oficinas judiciales de la comunidad dejen de prestarlo a mediodía del próximo miércoles, 19 de enero. Este servicio viene creando tensiones entre las dos administraciones desde mediados del 2009, el segundo año en el que el Gobierno de Aragón desarrolló las competencias en materia de medios humanos y materiales de Justicia.

La vigilancia de los juzgados aragoneses tiene un sistema mixto en el que participan agentes de la Unidad Adscrita del Cuerpo Nacional de Policía, efectivos de la reserva de la Guardia Civil y personal de empresas de seguridad privada. En el caso del instituto armado, los agentes asignados a ese servicio cobran un complemento de 487 euros sobre su salario base que debería asumir el Gobierno de Aragón pero que, en la práctica, continúa pagando el Ministerio del Interior.

El Ejecutivo autonómico tiene en sus manos una propuesta de convenio con el ministerio para regular ese servicio que, por ahora, se niega a firmar. Un portavoz de Política Territorial mostró la "firme voluntad de llegar a un acuerdo" y aseguró que "queremos firmar ese convenio".


POSICIONES Las posturas que comienzan a antojarse irreconciliables consisten en que el Gobierno central está harto de pagar cada mes varios miles de euros cuya cobertura debería asumir el Ejecutivo autonómico, mientras que este último mantiene que solo suscribirá el convenio y asumirá el complemento si la Guardia Civil le garantiza estabilidad en la cifra de efectivos para poder planificar el resto del servicio.

El instituto armado convoca cada año 54 plazas vacantes para servicios de vigilancia en juzgados, de las que en la actualidad hay cubiertas nueve: seis en Zaragoza, una en Huesca, otra en Teruel y una más en Calatayud. Algunas se encuentran en los juzgados con mayor riesgo de conflictividad, como los de Violencia contra la Mujer o los de Vigilancia Penitenciaria, y en otros como los contenciosos o el Registro Civil. Los propios jueces consideran a estos agentes como los más idóneos para prestar el servicio en los dos primeros tribunales.

Diversas fuentes apuntaron que la intención de la DGA sería asignar a firmas privadas la vigilancia de todos los juzgados.