La seguridad privada ha experimentado un crecimiento espectacular en los últimos años, producto de las nuevas demandas sociales, motivado por un aumento de la inseguridad ciudadana, sustitución de personal propio de las empresas por vigilantes de seguridad, sustitución inclusive de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en algunos centros o edificios oficiales y, por otro lado, también porque la propia Ley de Seguridad Privada establece con exclusividad el desempeño de este tipo de servicios a los vigilantes de seguridad.

Esto motiva que la oferta de trabajo sea mayor que la demanda de empleo, con los consiguientes inconvenientes que representan para el sector, que no encuentra personal suficiente y adecuado para cubrir los servicios.

Otro de los inconvenientes es que la calidad del servicio también se resiente porque prácticamente no hay suficientes candidatos para realizar una selección adecuada o acorde a las circunstancias.

Algunas asociaciones de profesionales solicitan al Gobierno luz verde para permitir que algunos colectivos, hasta ahora limitados, puedan acceder a este tipo de puesto de trabajo, alegando la escasez de mano de obra, justificándolo en algunas ocasiones en que, si no hay impedimentos para acceder a las Fuerzas Armadas, porqué no lo pueden hacer en la seguridad privada.

Si es o no bueno habría que analizarlo más detenidamente para no cometer errores graves que luego haya que lamentar, y quizás para entonces sea demasiado tarde. A priori tengo mis dudas sobre si es o no seguro. Quizás sí, pero desconozco si se ha hecho algún estudio serio sobre el impacto que puede tener.

Bajo mi punto de vista, dejar que ciertos colectivos puedan acceder a estos puestos de trabajo crea cuando menos incertidumbre. Se tiene que tener en cuenta que la seguridad de algunos importantes centros, como es un banco, un centro de procesos de datos, centros de transformación de energía, museos, estaciones de tren, aeropuertos o simplemente un Ministerio u Organismo oficial, etc., podría pasar a depender exclusivamente de estas personas, y todos los sistemas de seguridad quedarían al descubierto y su entero control.

Nadie duda de las buenas intenciones de ellas, pero ahora a los españoles se les está exigiendo un Certificado de Antecedentes Penales porque se ha creído conveniente como medida de seguridad. La duda es si los certificados de antecedentes penales que estas personas presentan tienen la misma garantía y fiabilidad que los expedidos por las autoridades españolas, ya que en España este dato no se puede comprobar.

Creo que es una duda razonable, y en seguridad a priori, antes de dar un paso hay que descartar cualquier hipótesis en contra.
En cuestión de seguridad no basta con poner los medios, sino que hay que asegurarse de que esos medios también van a funcionar, por lo que cuando haya dudas, hay que resolverlas antes de tomar una decisión y, si existe el más mínimo riesgo, lo que hay que buscar son soluciones alternativas, cuando se pueda, para evitar los efectos negativos que se puedan derivar.
Con el rápido crecimiento del sector se han creado multitud de empresas de seguridad que la única finalidad que persiguen es contratar servicios a costa de lo que sea. No les importa para nada la calidad del servicio, como lo están demostrando algunas de ellas, que prefieren coger un servicio en precarias condiciones, sin analizar los riesgos antes de decir que no, teniendo al personal en pésimas condiciones de trabajo. Esto no es bueno para ellas ni para el propio sector que acaba desacreditándose con el tiempo y, por supuesto, tampoco lo es para el cliente cuya seguridad queda en entredicho y no es la más adecuada.

Hay que trabajar para conseguir y mejorar constantemente la calidad, sin dar un paso atrás, y esto no se consigue a costa de conseguir servicios a cualquier precio o de cualquier forma, sino haciéndoles en las condiciones idóneas.
Si el problema fuese por falta de personal no estaría la Dirección General de la Policía examinando continuamente a un número elevado de personas y el Ministerio del Interior no hubiese expedido tantas habilitaciones, las cuales son bastantes más numerosas que las plazas que se necesitan. Entonces, ¿por qué hay más oferta de trabajo que demanda? ¿Qué es lo que pasa? ¿Dónde está el problema?

La gente que observa esta profesión desde fuera, sin estar integrado en ella, no conoce muy bien el trabajo que se hace ni las condiciones laborales de los vigilantes de seguridad. Muchos eligen esta profesión con la intención de quedarse, como demuestran las habilitaciones expedidas, pero por circunstancias, cuando llevan un tiempo, se acaban marchando.

Cuando llevan varios meses o años en el sector empiezan a ver los verdaderos problemas: salario escaso, incomodidades propias del servicio, enfrentamientos con la gente, turnos rotatorios, noches, festivos, riesgos, incertidumbres en los horarios ya que cambian continuamente sin atenerse a ninguna regla, etc... Un sin fin de problemas que hacen que sea un trabajo incomodo y mal retribuido, que produce muchos inconvenientes y que, en ningún caso, se ve compensado con el salario. Sin olvidar el desarraigo familiar que conlleva los horarios y el exceso de horas.

Y esto creo que es la consecuencia y el origen del problema que tiene la seguridad privada y, por consiguiente, se produce una excesiva rotación de personal. Y al final surge el problema: no hay personal suficiente para cubrir los servicios. Hay mucha gente que está utilizando esta profesión como puente hasta que consigue otro trabajo mejor o más estable. Por lo que quiero decir que el problema no está en la falta de personal, sino en el porqué no se quedan una vez que han elegido esta profesión y han superado las pruebas.

Y es en estas cuestiones donde debería hacerse más hincapié porque ésta es la verdadera causa que considero de la falta de personal, por lo que, lo que hay que hacer es buscar soluciones a este problema y no a otros.
Hay que partir de la premisa de que si se quiere un buen servicio de seguridad hay que pagarlo, y el coste lo tiene que asumir todo el mundo, pero no a costa sólo del vigilante. Desde el propio cliente que tiene que pagar un precio más elevado, si lo que quiere es calidad, y la propia empresa, que debe ajustar más sus márgenes.
Y cuando se contrate un servicio hay que informar al cliente de los inconvenientes y falta de idoneidad para que se resuelva y pongan los medios antes de empezar, y no tenga el vigilante que sufrir las consecuencias de unas malas condiciones de trabajo que, a veces, incluso no cumple con la normativa.

Entonces puede que así se nivelen los conceptos de oferta y demanda. Y a partir de que esa oferta y demanda se igualen, se podría empezar a hablar de calidad, empezando por realizar una selección adecuada del personal.

Si se comete el error de contratar a cualquiera y de cualquier forma nos encontraremos a un sector masificado, igualmente desmotivado, sin formación y, probablemente, con los mismos problemas o mayores en el futuro porque la rotación del personal seguirá existiendo y las quejas probablemente aumenten, y la calidad, por supuesto, no habrá mejorado.

Por lo que mejorando el aspecto económico, por un lado, y las condiciones de servicio, por otro, estudiando qué mejoras específicas se pueden introducir en un servicio determinado, para que éstos se presten en unas condiciones laborales aceptables, sin menoscabo, por supuesto, de la seguridad del mismo en ningún momento, probablemente no faltarían candidatos para ocupar las plazas de vigilante de seguridad que se necesitan.

Ahora bien, si no nos importa en qué condiciones se realiza el servicio, ni tampoco el grado de satisfacción que puedan tener el personal que lo presta, cualquier solución que se busque puede ser bueno. Pero si lo que se quiere es calidad, se deben poner los medios para conseguirla, pero si lo que se quiere es camuflar la realidad y aparentar lo que no es, entonces cualquier excusa es buena.

Es verdad que una apertura general en el sector paliaría el problema, pero es el camino más fácil y quizás también el más corto, pero dudo que sea el mejor.

El Ministerio del Interior debe sopesar todas las cuestiones y velar por el impacto que pueda producir rebajar los requisitos actuales para el acceso a la seguridad privada. No tienen que influir los intereses comerciales porque la seguridad, como tal concepto, es pública y no tiene precio, y el objetivo que debe imponerse por encima de todo es el de una seguridad de calidad.

Juan Carlos García Serrano, Director de Seguridad por la Universidad Carlos III
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