El Ayuntamiento de Málaga, gobernado por el PP, ha decidido suprimir el servicio generalizado de escolta a sus ediles. A partir del 20 de diciembre, solo el alcalde y un grupo reducido de ediles tendrán guardaespaldas. Ocho de los 30 agentes que desempeñaban esta tarea asumirán la seguridad de los ediles mediante tareas de contravigilancia y el resto se reubicarán en otros servicios, confirman varias fuentes policiales.
En los últimos años, los servicios de escolta también se han recortado en los ayuntamientos de Granada y Sevilla. Hace unos tres años, el grupo de escoltas de la capital sevillana pasó de 80 a 60 agentes, según fuentes sindicales. En 2009, Granada redujo sus 16 guardaespaldas a ocho.
Los escoltas de Málaga recibieron la noticia el pasado jueves. El coordinador de Seguridad de Málaga, Florentino Villabona, justificó ayer la medida asegurando que "no se puede sostener" un tipo de servicio, que ya no se da, ni en el País Vasco. "Se ha reorganizado para prestar la protección de otra forma", añadió. El sistema de Málaga, en el que todos los ediles, incluida la oposición, cuentan con protección policial, se mantiene desde 2000, año en el que ETA asesinó al edil del PP José María Martín Carpena.
El recorte llevaba tiempo rondando, así que la mayor preocupación de los sindicatos es que se haga una reasignación justa de los agentes que dejarán de ser escoltas. "Si se considera que ya no hace falta no hay nada que decir", coindicen los sindicatos policiales UPLB-A y SIP-AN.
Los guardaespaldas de Málaga percibían un plus mensual de entre 300 y 400 euros. "Es un destino grato dependiendo del concejal. Si vas con uno que tiene actos hasta las tantas, acabas muy quemado", explican fuentes policiales. En 2005, la filtración de un informe policial con detalles sobre la privada de la entonces edil del PP Rosa Agüera abrió un debate sobre el abuso del servicio de escolta.
El Ayuntamiento de Sevilla, donde ETA asesinó al edil del PP Alberto Jiménez-Becerril y a su esposa en 1998, mantienen el servicio de escolta su alcalde, Alfredo Sánchez Monteseirín (PSOE), los portavoces de los grupos y algunos miembros destacados del grupo de gobierno, señalan fuentes municipales. En Granada ocurre lo mismo con su regidor, José Torres Hurtado (PP), tenientes alcaldes y el portavoz. Al igual que en Málaga, la oposición y otros ediles del equipo de gobierno cuentan con un servicio de contravigilancia.
En los últimos años, los servicios de escolta también se han recortado en los ayuntamientos de Granada y Sevilla. Hace unos tres años, el grupo de escoltas de la capital sevillana pasó de 80 a 60 agentes, según fuentes sindicales. En 2009, Granada redujo sus 16 guardaespaldas a ocho.
Los escoltas de Málaga recibieron la noticia el pasado jueves. El coordinador de Seguridad de Málaga, Florentino Villabona, justificó ayer la medida asegurando que "no se puede sostener" un tipo de servicio, que ya no se da, ni en el País Vasco. "Se ha reorganizado para prestar la protección de otra forma", añadió. El sistema de Málaga, en el que todos los ediles, incluida la oposición, cuentan con protección policial, se mantiene desde 2000, año en el que ETA asesinó al edil del PP José María Martín Carpena.
El recorte llevaba tiempo rondando, así que la mayor preocupación de los sindicatos es que se haga una reasignación justa de los agentes que dejarán de ser escoltas. "Si se considera que ya no hace falta no hay nada que decir", coindicen los sindicatos policiales UPLB-A y SIP-AN.
Los guardaespaldas de Málaga percibían un plus mensual de entre 300 y 400 euros. "Es un destino grato dependiendo del concejal. Si vas con uno que tiene actos hasta las tantas, acabas muy quemado", explican fuentes policiales. En 2005, la filtración de un informe policial con detalles sobre la privada de la entonces edil del PP Rosa Agüera abrió un debate sobre el abuso del servicio de escolta.
El Ayuntamiento de Sevilla, donde ETA asesinó al edil del PP Alberto Jiménez-Becerril y a su esposa en 1998, mantienen el servicio de escolta su alcalde, Alfredo Sánchez Monteseirín (PSOE), los portavoces de los grupos y algunos miembros destacados del grupo de gobierno, señalan fuentes municipales. En Granada ocurre lo mismo con su regidor, José Torres Hurtado (PP), tenientes alcaldes y el portavoz. Al igual que en Málaga, la oposición y otros ediles del equipo de gobierno cuentan con un servicio de contravigilancia.