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Estrasburgo respalda las medidas para echar a ETA de las instituciones
El tribunal validó hace un año la ilegalización de Batasuna y ayer dio el visto bueno a la exclusión de las listas de ANV en 2007
08.12.10 - 00:14 -
ALFONSO TORICES | MADRID.
El Tribunal de Estrasburgo ha dado el espaldarazo definitivo a la estrategia puesta en marcha por España en 2002 para impedir que las organizaciones políticas vinculadas a ETA entren en las instituciones. La Sección Tercera comunicó ayer una resolución de 32 folios por la que rechaza todos los recursos interpuestos por Acción Nacionalista Vasca (ANV) contra la anulación, en 2007, de 133 de sus candidaturas a las elecciones locales.
En un año y medio, la corte europea de Derechos Humanos ha refrendado todas las sentencias por las que el Tribunal Supremo y el Constitucional ilegalizaron a Batasuna y anularon en sucesivas citas electorales las listas de agrupaciones y partidos políticos por considerar probado que no eran más que argucias del brazo político de la banda para burlar su proscripción.
Con la resolución dictada ayer, el tribunal no solo reivindica la legalidad de la Ley de Partidos, la norma que marca el campo de juego de la estrategia antiterrorista, sino que refrenda las distintas fórmulas para su aplicación utilizadas por la Fiscalía, la Abogacía del Estado y los altos tribunales. La primera bendición de las medidas se produjo en junio del año pasado, cuando la corte de Estrasburgo falló que la ilegalización de Batasuna, acordada por el Supremo en marzo de 2003 y ratificada por el Constitucional, era no solo correcta sino además «una necesidad social» de un régimen democrático como el español para «el mantenimiento de la seguridad, la defensa del orden y la protección de los derechos del otro».
En la misma resolución de 2009, la sala dio un segundo paso al considerar acorde a derecho la exclusión electoral por los mismos tribunales españoles, en 2003 y 2004, de las agrupaciones de electores con las que Batasuna quiso burlar su ilegalización para volver a las diputaciones forales, el Parlamento de Navarra y al Parlamento Europeo.
La sentencia de ayer da un tercer respaldo. Valida la actuación de los tribunales españoles en la única fórmula de aplicación de la Ley de Partidos que faltaba por contrastar, que, además, era la más polémica: la anulación de determinadas candidaturas de un partido legal, como era ANV en mayo de 2007, formación que no fue ilegalizada hasta unos meses después, cuando se consiguió demostrar que era un «instrumento al servicio de ETA». La corte europea señala que la anulación de 133 de las 250 listas que este partido presentó en 2007 a ayuntamientos y diputaciones vascos y consistorios y Parlamento de Navarra es correcta porque está «suficientemente probado» que eran «un fraude» que solo perseguía «asegurar la continuidad de las actividades de Batasuna y Herri Batasuna» en las instituciones.
La Sección Tercera, por cinco votos a dos, descarta que exista «arbitrariedad», cree que es una medida «proporcionada al fin legítimo perseguido» -evitar grupos filoterroristas en las instituciones- y dice que no atenta contra el derecho a unas elecciones libres ni contra la libertad de expresión, reunión y asociación.
El tribunal validó hace un año la ilegalización de Batasuna y ayer dio el visto bueno a la exclusión de las listas de ANV en 2007
08.12.10 - 00:14 -
ALFONSO TORICES | MADRID.
El Tribunal de Estrasburgo ha dado el espaldarazo definitivo a la estrategia puesta en marcha por España en 2002 para impedir que las organizaciones políticas vinculadas a ETA entren en las instituciones. La Sección Tercera comunicó ayer una resolución de 32 folios por la que rechaza todos los recursos interpuestos por Acción Nacionalista Vasca (ANV) contra la anulación, en 2007, de 133 de sus candidaturas a las elecciones locales.
En un año y medio, la corte europea de Derechos Humanos ha refrendado todas las sentencias por las que el Tribunal Supremo y el Constitucional ilegalizaron a Batasuna y anularon en sucesivas citas electorales las listas de agrupaciones y partidos políticos por considerar probado que no eran más que argucias del brazo político de la banda para burlar su proscripción.
Con la resolución dictada ayer, el tribunal no solo reivindica la legalidad de la Ley de Partidos, la norma que marca el campo de juego de la estrategia antiterrorista, sino que refrenda las distintas fórmulas para su aplicación utilizadas por la Fiscalía, la Abogacía del Estado y los altos tribunales. La primera bendición de las medidas se produjo en junio del año pasado, cuando la corte de Estrasburgo falló que la ilegalización de Batasuna, acordada por el Supremo en marzo de 2003 y ratificada por el Constitucional, era no solo correcta sino además «una necesidad social» de un régimen democrático como el español para «el mantenimiento de la seguridad, la defensa del orden y la protección de los derechos del otro».
En la misma resolución de 2009, la sala dio un segundo paso al considerar acorde a derecho la exclusión electoral por los mismos tribunales españoles, en 2003 y 2004, de las agrupaciones de electores con las que Batasuna quiso burlar su ilegalización para volver a las diputaciones forales, el Parlamento de Navarra y al Parlamento Europeo.
La sentencia de ayer da un tercer respaldo. Valida la actuación de los tribunales españoles en la única fórmula de aplicación de la Ley de Partidos que faltaba por contrastar, que, además, era la más polémica: la anulación de determinadas candidaturas de un partido legal, como era ANV en mayo de 2007, formación que no fue ilegalizada hasta unos meses después, cuando se consiguió demostrar que era un «instrumento al servicio de ETA». La corte europea señala que la anulación de 133 de las 250 listas que este partido presentó en 2007 a ayuntamientos y diputaciones vascos y consistorios y Parlamento de Navarra es correcta porque está «suficientemente probado» que eran «un fraude» que solo perseguía «asegurar la continuidad de las actividades de Batasuna y Herri Batasuna» en las instituciones.
La Sección Tercera, por cinco votos a dos, descarta que exista «arbitrariedad», cree que es una medida «proporcionada al fin legítimo perseguido» -evitar grupos filoterroristas en las instituciones- y dice que no atenta contra el derecho a unas elecciones libres ni contra la libertad de expresión, reunión y asociación.
