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lucha contra el terrorismo
El pacto antiterrorista en aprietos
El PP teme que los socialistas acuerden con Batasuna una fórmula para su retorno a las instituciones y advierte que no lo tolerará.
El Gobierno insiste en que no hay cambios en la lucha para el fin de ETA y recuerda que serán los tribunales quienes decidan si el partido ilegal participa en las elecciones.
Autor: R. Gorriarán / A. Torices / Colpisa Fecha de publicación: 30/10/2010 Hora: Actualizada a las 18:10 h
«Ayer mismo por la tarde hablé con el PP y lo hago casi todos los días». Alfredo Pérez Rubalcaba está empeñado en demostrar que el consenso con el partido opositor en la lucha contra ETA va como la seda, pero el pacto antiterrorista está a punto de romper sus costuras. El vicepresidente y ministro del Interior sólo lamenta que haya mucho ruido y un exceso declarativo en torno a los movimientos de la izquierda aberzale y silencio por parte de la organización terrorista porque, según afirma, en el fondo no pasa nada. No lo ve así el PP, que sí cree que pasan cosas y, a su juicio, no buenas.
El partido que lidera Mariano Rajoy tiene la mosca en la oreja, no ya por lo que pueda hacer Batasuna o ETA, sino por lo que hacen los socialistas, tanto los vascos como los que están en el Gobierno. Los populares temen que José Luis Rodríguez Zapatero haya caído en la tentación de apuntarse en el tramo final de la legislatura el tanto que no logró en la anterior, el del final de ETA. El análisis del PP es que el jefe del Ejecutivo ha asumido que la superación de la crisis es incierta y que en las elecciones de 2012, a lo sumo, se estará en la senda de la recuperación, pero en ningún caso en una etapa de bonanza. Perdida esa baza, el final del terrorismo no es un mal naipe.
Los populares no tienen la certeza de que los socialistas no se hayan reunido con Batasuna, aunque sí que la tienen de que el presidente del Partido Socialista de Euskadi nunca ha dejado de charlar con miembros de este mundo, una vez que su interlocutor habitual, Arnaldo Otegi, entró en prisión. Dan por descontados esos contactos ya que vienen de muy atrás y son «las amistades particulares» de Jesús Eguiguren. Lo que preocupa en el PP es que las conversaciones con los náufragos de Batasuna se 'institucionalicen' con el PSE para pastelear una fórmula que permita a la izquierda aberzale participar en las elecciones del 22 de mayo.
El partido opositor no quiere oír hablar de esa posibilidad y ha colocado el listón para que eso sea posible en que ETA desaparezca.
Un requisito inalcanzable en los menos de siete meses que quedan hasta los comicios municipales. El PP ve insuficiente la condena de la violencia o el desmarque «inequívoco» de la organización terrorista que el Gobierno exige a Batasuna para que retorne a la legalidad. Una discrepancia que puede convertir la convergencia antiterrorista de estos dos últimos años en divergencia total, con un regreso a las desabridas polémicas del proceso de paz de 2006 y la puesta en peligro del pacto de gobierno en Euskadi.
Legalización o cuarentena
La número dos de los populares, Dolores de Cospedal, lanzó el lunes pasado un claro aviso al Gobierno. La «prueba de fuego» de la vigencia del pacto se vivirá la próxima primavera, cuando llegue el momento de decidir si se permite o no la participación electoral de Batasuna. Los populares no admiten ni palabras ni gestos. El partido proscrito o cualquiera de sus derivadas no podrán estar en las urnas de las municipales salvo que antes ETA abandone las armas definitivamente. Antonio Basagoiti, el líder de Euskadi, llega aún más lejos y lanzó una propuesta que ha calado en el PP. Pase lo que pase, el Estado debe someter a la nueva Batasuna a una cuarentena de cuatro años antes de dejarla presentar listas. Un período de seguridad para comprobar si su ruptura con la banda es real o una pose.
Rubalcaba insiste en que todo es ruido y ganas de hablar porque la interlocución con su 'partenaire' popular, Federico Trillo, funciona a las mil maravillas. El pasado jueves por la noche hablaron largo y tendido para descartar cualquier contacto gubernamental o socialista con Batasuna o la banda y para reafirmar que no cabe más fin para el terrorismo que su disolución incondicional. El vicepresidente asegura que informa «de todo» al partido opositor y que éste sabe que «no hay nada raro» y que todo está como debe estar. Pero, por si acaso, recuerda que el pacto antiterrorista suscrito hace diez años no dice nada de que ETA debe desaparecer para que la izquierda aberzale pueda tener un partido legal.
El titular de Interior prefiere rehuir de momento el debate de las líneas rojas y las condiciones maximalistas para el retorno de Batasuna a las instituciones. Como única respuesta, recuerda al PP que este hecho no lo decidirá ni el Gobierno ni los populares sino el Tribunal Supremo y el Constitucional, que son los únicos intérpretes y ejecutores válidos de la ley de Partidos. No obstante, lo que no dice es que los tribunales sólo podrán testar el giro de la nueva Batasuna si el Ejecutivo quiere, si la Fiscalía o la Abogacía del Estado recurren la inscripción del partido o sus listas electorales. El Supremo no puede actuar de oficio, por lo que si los acusadores públicos no actúan los independentistas tendrían vía libre.
Para el PP, el crédito de las palabras del «número dos» del Gobierno es limitado. Reconoce que hasta ahora ha existido una buena comunicación e información, pero no siempre ha sido así. Los populares recuerdan que en la pasada legislatura el Ejecutivo y el PSOE negaron hasta la saciedad los contactos con Batasuna y ETA, así como las reuniones con Arnaldo Otegi en un caserío de Elgoibar, para demostrarse después que todo era cierto.
Tensiones subterráneas
Algunos dirigentes del partido opositor, no el núcleo directivo, hacen además un cálculo político y piden que no se eche en saco roto que su electorado salió en masa a la calle en la anterior legislatura para rechazar los contactos del Gobierno con la organización terrorista y la coalición ilegalizada. Ahora, apuntan esos dirigentes, esa movilización está desactivada, una tranquilidad que a un año y medio de las elecciones no es lo mejor para los intereses populares. Al revés que para los socialistas, que hace dos años pagaron un precio en las urnas por el desacuerdo antiterrorista y por unas conversaciones incomprendidas también en muchos sectores de su electorado.
Rajoy, hasta ahora, se ha limitado a mandar un par de recados al Gobierno en el sentido de que no vuelva a las andadas de la pasada legislatura, al tiempo que Cospedal marcaba líneas rojas, pero sin romper nada, y que los populares vascos pedían explicaciones.
Rubalcaba, Ramón Jáuregui y otros miembros del Ejecutivo se esfuerzan en garantizar que nada ha cambiado. Batasuna, dicen, está donde estaba, con un poco más de maquillaje y una fina pátina democrática, pero la implicación de la policía y los jueces en la lucha contra la banda y su entorno sigue a plena actividad y PSOE y PP acaban de pactar en el Congreso una reforma de la ley de Partidos que tapa hasta el último hueco por el que la izquierda aberzale a las órdenes de ETA podría intentar colarse de manera fraudulenta en las instituciones. En definitiva, insisten los socialistas, no hay motivos para romper nada. El PP, de momento, deshoja la margarita, pero con una cara cada día peor y con las alarmas activadas.
El pacto antiterrorista en aprietos
El PP teme que los socialistas acuerden con Batasuna una fórmula para su retorno a las instituciones y advierte que no lo tolerará.
El Gobierno insiste en que no hay cambios en la lucha para el fin de ETA y recuerda que serán los tribunales quienes decidan si el partido ilegal participa en las elecciones.
Autor: R. Gorriarán / A. Torices / Colpisa Fecha de publicación: 30/10/2010 Hora: Actualizada a las 18:10 h
«Ayer mismo por la tarde hablé con el PP y lo hago casi todos los días». Alfredo Pérez Rubalcaba está empeñado en demostrar que el consenso con el partido opositor en la lucha contra ETA va como la seda, pero el pacto antiterrorista está a punto de romper sus costuras. El vicepresidente y ministro del Interior sólo lamenta que haya mucho ruido y un exceso declarativo en torno a los movimientos de la izquierda aberzale y silencio por parte de la organización terrorista porque, según afirma, en el fondo no pasa nada. No lo ve así el PP, que sí cree que pasan cosas y, a su juicio, no buenas.
El partido que lidera Mariano Rajoy tiene la mosca en la oreja, no ya por lo que pueda hacer Batasuna o ETA, sino por lo que hacen los socialistas, tanto los vascos como los que están en el Gobierno. Los populares temen que José Luis Rodríguez Zapatero haya caído en la tentación de apuntarse en el tramo final de la legislatura el tanto que no logró en la anterior, el del final de ETA. El análisis del PP es que el jefe del Ejecutivo ha asumido que la superación de la crisis es incierta y que en las elecciones de 2012, a lo sumo, se estará en la senda de la recuperación, pero en ningún caso en una etapa de bonanza. Perdida esa baza, el final del terrorismo no es un mal naipe.
Los populares no tienen la certeza de que los socialistas no se hayan reunido con Batasuna, aunque sí que la tienen de que el presidente del Partido Socialista de Euskadi nunca ha dejado de charlar con miembros de este mundo, una vez que su interlocutor habitual, Arnaldo Otegi, entró en prisión. Dan por descontados esos contactos ya que vienen de muy atrás y son «las amistades particulares» de Jesús Eguiguren. Lo que preocupa en el PP es que las conversaciones con los náufragos de Batasuna se 'institucionalicen' con el PSE para pastelear una fórmula que permita a la izquierda aberzale participar en las elecciones del 22 de mayo.
El partido opositor no quiere oír hablar de esa posibilidad y ha colocado el listón para que eso sea posible en que ETA desaparezca.
Un requisito inalcanzable en los menos de siete meses que quedan hasta los comicios municipales. El PP ve insuficiente la condena de la violencia o el desmarque «inequívoco» de la organización terrorista que el Gobierno exige a Batasuna para que retorne a la legalidad. Una discrepancia que puede convertir la convergencia antiterrorista de estos dos últimos años en divergencia total, con un regreso a las desabridas polémicas del proceso de paz de 2006 y la puesta en peligro del pacto de gobierno en Euskadi.
Legalización o cuarentena
La número dos de los populares, Dolores de Cospedal, lanzó el lunes pasado un claro aviso al Gobierno. La «prueba de fuego» de la vigencia del pacto se vivirá la próxima primavera, cuando llegue el momento de decidir si se permite o no la participación electoral de Batasuna. Los populares no admiten ni palabras ni gestos. El partido proscrito o cualquiera de sus derivadas no podrán estar en las urnas de las municipales salvo que antes ETA abandone las armas definitivamente. Antonio Basagoiti, el líder de Euskadi, llega aún más lejos y lanzó una propuesta que ha calado en el PP. Pase lo que pase, el Estado debe someter a la nueva Batasuna a una cuarentena de cuatro años antes de dejarla presentar listas. Un período de seguridad para comprobar si su ruptura con la banda es real o una pose.
Rubalcaba insiste en que todo es ruido y ganas de hablar porque la interlocución con su 'partenaire' popular, Federico Trillo, funciona a las mil maravillas. El pasado jueves por la noche hablaron largo y tendido para descartar cualquier contacto gubernamental o socialista con Batasuna o la banda y para reafirmar que no cabe más fin para el terrorismo que su disolución incondicional. El vicepresidente asegura que informa «de todo» al partido opositor y que éste sabe que «no hay nada raro» y que todo está como debe estar. Pero, por si acaso, recuerda que el pacto antiterrorista suscrito hace diez años no dice nada de que ETA debe desaparecer para que la izquierda aberzale pueda tener un partido legal.
El titular de Interior prefiere rehuir de momento el debate de las líneas rojas y las condiciones maximalistas para el retorno de Batasuna a las instituciones. Como única respuesta, recuerda al PP que este hecho no lo decidirá ni el Gobierno ni los populares sino el Tribunal Supremo y el Constitucional, que son los únicos intérpretes y ejecutores válidos de la ley de Partidos. No obstante, lo que no dice es que los tribunales sólo podrán testar el giro de la nueva Batasuna si el Ejecutivo quiere, si la Fiscalía o la Abogacía del Estado recurren la inscripción del partido o sus listas electorales. El Supremo no puede actuar de oficio, por lo que si los acusadores públicos no actúan los independentistas tendrían vía libre.
Para el PP, el crédito de las palabras del «número dos» del Gobierno es limitado. Reconoce que hasta ahora ha existido una buena comunicación e información, pero no siempre ha sido así. Los populares recuerdan que en la pasada legislatura el Ejecutivo y el PSOE negaron hasta la saciedad los contactos con Batasuna y ETA, así como las reuniones con Arnaldo Otegi en un caserío de Elgoibar, para demostrarse después que todo era cierto.
Tensiones subterráneas
Algunos dirigentes del partido opositor, no el núcleo directivo, hacen además un cálculo político y piden que no se eche en saco roto que su electorado salió en masa a la calle en la anterior legislatura para rechazar los contactos del Gobierno con la organización terrorista y la coalición ilegalizada. Ahora, apuntan esos dirigentes, esa movilización está desactivada, una tranquilidad que a un año y medio de las elecciones no es lo mejor para los intereses populares. Al revés que para los socialistas, que hace dos años pagaron un precio en las urnas por el desacuerdo antiterrorista y por unas conversaciones incomprendidas también en muchos sectores de su electorado.
Rajoy, hasta ahora, se ha limitado a mandar un par de recados al Gobierno en el sentido de que no vuelva a las andadas de la pasada legislatura, al tiempo que Cospedal marcaba líneas rojas, pero sin romper nada, y que los populares vascos pedían explicaciones.
Rubalcaba, Ramón Jáuregui y otros miembros del Ejecutivo se esfuerzan en garantizar que nada ha cambiado. Batasuna, dicen, está donde estaba, con un poco más de maquillaje y una fina pátina democrática, pero la implicación de la policía y los jueces en la lucha contra la banda y su entorno sigue a plena actividad y PSOE y PP acaban de pactar en el Congreso una reforma de la ley de Partidos que tapa hasta el último hueco por el que la izquierda aberzale a las órdenes de ETA podría intentar colarse de manera fraudulenta en las instituciones. En definitiva, insisten los socialistas, no hay motivos para romper nada. El PP, de momento, deshoja la margarita, pero con una cara cada día peor y con las alarmas activadas.
