Los armadores no han recibido aún la ayuda del Gobierno español para seguridad privada

El Ejecutivo se comprometió en 2009 a cofinanciar el servicio, que supone un millón de euros al año

Leire Gondra - Martes, 28 de Septiembre de 2010 - Actualizado a las 04:41h.




Los armadores de atuneros que faenan en las peligrosas aguas del Índico no han cobrado todavía ninguna ayuda por parte del Gobierno español para pagar la seguridad privada de sus buques. Un año después del secuestro del Alakrana, y de que tuviera lugar el debate sobre la conveniencia o no de que fueran empresas privadas las que velaran por la seguridad de estos buques bajo amenaza pirata, los armadores hacen frente a estos gastos sin el apoyo económico del Ejecutivo central, que se comprometió a colaborar en la financiación de este servicio.

Ayer, la ministra de Defensa, Carme Chacón, se reunió en Madrid con representantes de la Organización de Productores Asociados de Grandes Atuneros Congeladores (Opagac) y de la Asociación Nacional de Armadores de Buques Atuneros Congeladores (Anabac-Optuc). Al final del encuentro, Juan Pablo Rodríguez, gerente de Anabac, se refería a estas ayudas. "Existe un compromiso del Gobierno español y esta mañana nos han comunicado que en breves fechas seguramente se podrá dar vía libre al pago de esas ayudas", explicaba Rodríguez con prudencia. Lo cierto es que desde las empresas armadoras siguen esperando a que el Gobierno español cumpla con ese acuerdo que rubricó hace un año.

Atrás queda el debate de si era mejor una seguridad militar ante los piratas, como tienen los buques franceses que faenan en la zona. Finalmente, se impuso la opción de la seguridad privada. Ahora, el peso de los tremendos gastos que ocasiona este servicio, en torno al millón de euros anuales según cifró Rodríguez, hace que se resienta la caja de los armadores.

La cuestión es que, tal y como pintan las cosas en esas amenazadoras aguas, este tipo de servicio de seguridad se ha convertido en un elemento vital del que los buques y sus arrantzales no pueden prescindir. "Para poder pescar en la zona del Índico donde estamos es necesario y fundamental tener seguridad privada. Sin seguridad privada a bordo la pesquería es inviable", aseguró Rodríguez.

Los armadores de los atuneros habían solicitado la reunión de ayer con la titular de Defensa para transmitirle su temor de que repuntara la piratería al llegar el final del monzón, algo que se ha confirmado. Rodríguez aseguró que el problema de la piratería "está lejos de solucionarse", y destacó que "hay muchas informaciones de barcos piratas que siguen actuando en la mar y cada vez más lejos de la costa de Somalia". No obstante, subrayó que la vigilancia a bordo con la que cuentan sus barcos, sumada a las unidades navales que la operación Atalanta tiene en la zona, logran "una situación de seguridad bastante aceptable".

"Pero hemos pedido al Gobierno que no se relaje, y que siga incidiendo en una cosa que nos parece fundamental, que es el bloqueo de la costa de Somalia, de forma que las embarcaciones sospechosas de ejercer actividades de piratería no tengan ninguna posibilidad de salir a la mar", explicó el armador. Rodríguez definió como "efectivo" el bloque que se está haciendo de la costa pero resaltó que todavía hay que hacer más presión para convencer a más países de que se unan a la operación Atalanta "de forma que haya una seguridad total". Asimismo, el armador quiso hacer mención a la buena disposición del Ejecutivo español para una resolución del problema.

Pero como bien dice el gerente de Anabac, la piratería sigue ahí. "No me atrevería a decir que ha ido a más pero, desde luego, tampoco ha ido a menos", añadió. Así, el ánimo que invade a las tripulaciones es esa contradictoria sensación de "tensa tranquilidad" que describe este armador ante la evidencia de una amenaza que incrementa con las aguas tranquilas de esta época del año.

Treinta atuneros congeladores faenan hoy día en estas aguas y trece de ellos son españoles. Rodríguez quiso dejar claro que son barcos que llevan pescando en estas aguas desde el año 83 y que han creado muchos puestos de trabajo. "Es una actividad legítima, legal, y queremos poder seguir ejerciéndola en el Índico en las condiciones mínimas de seguridad", concluye Rodríguez.

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