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Fecha: 29/07/2011 [10:01] h.
Origen: Redacción NJ
El Congreso de los Diputados ha aprobado este miércoles el proyecto de Ley General de Salud Pública, que entre otras cuestiones reconoce el derecho a la asistencia sanitaria pública de todos los ciudadanos mediante la universalización del Sistema Nacional de Salud (SNS), ya que actualmente hay cerca de 200.000 personas que por diferentes motivos permanecen fuera de la sanidad pública en España.
La norma, que ha sido debatida y votada en la Comisión de Sanidad de dicha Cámara, con competencia legislativa plena, ha sido apoyada por todos los grupos parlamentarios salvo por el Partido Popular, que se abstuvo en la votación. De este modo, pasa al Senado para continuar su tramitación parlamentaria.
La universalización del SNS ha sido uno de los temas más aplaudidos después de que, aunque el objetivo inicial del Gobierno era impulsar este derecho mediante una ley específica, la ministra del ramo, Leire Pajín, y las comunidades acordaran en el último Consejo Interterritorial del SNS de la semana pasada incluirlo en esta norma.
De este modo, todos los grupos han acordado en una enmienda transaccional que la futura ley de Salud Pública extenderá el "derecho a la asistencia sanitaria pública a todos los españoles residentes en territorio nacional a los que no pudiera serles reconocido en aplicación de otras normas del ordenamiento jurídico".
Esta medida afecta sobre todo a aquellas personas en paro que ya han agotado la prestación o el subsidio de desempleo y a determinados colectivos, como abogados o arquitectos.
En el caso de los parados, la ley establece que la extensión de este derecho sea un hecho a partir del 1 de enero de 2012 y, para el resto de colectivo, que se haga de forma paulatina antes de que acabe dicho año.
"Entonces podremos decir que nuestro sistema sanitario es equitativo, solidario y universal", ha recalcado la portavoz socialista Pilar Grande, quien reconoce que esta medida beneficia a cerca de 200.000 ciudadanos y conllevará un gasto para el sistema de entre 60 y 100 millones de euros al año.
Por otro lado, la ley también establece la creación de una cartera de servicios básica y común en el ámbito de la salud pública, con un conjunto de programas y actuaciones que incluyen un calendario vacunal único y una oferta, también única, de cribados poblacionales.
Esta medida, sin embargo, ha sido criticada por la portavoz del Grupo Popular y exministra de Sanidad, Ana Pastor, quien ha lamentado que no se hayan concretado más qué servicios y qué cribados deberán ser comunes para todas las comunidades. "Hoy salimos de aquí sin una cartera que estamos esperando desde hace ocho años", ha espetado.
Origen: Redacción NJ
El Congreso de los Diputados ha aprobado este miércoles el proyecto de Ley General de Salud Pública, que entre otras cuestiones reconoce el derecho a la asistencia sanitaria pública de todos los ciudadanos mediante la universalización del Sistema Nacional de Salud (SNS), ya que actualmente hay cerca de 200.000 personas que por diferentes motivos permanecen fuera de la sanidad pública en España.
La norma, que ha sido debatida y votada en la Comisión de Sanidad de dicha Cámara, con competencia legislativa plena, ha sido apoyada por todos los grupos parlamentarios salvo por el Partido Popular, que se abstuvo en la votación. De este modo, pasa al Senado para continuar su tramitación parlamentaria.
La universalización del SNS ha sido uno de los temas más aplaudidos después de que, aunque el objetivo inicial del Gobierno era impulsar este derecho mediante una ley específica, la ministra del ramo, Leire Pajín, y las comunidades acordaran en el último Consejo Interterritorial del SNS de la semana pasada incluirlo en esta norma.
De este modo, todos los grupos han acordado en una enmienda transaccional que la futura ley de Salud Pública extenderá el "derecho a la asistencia sanitaria pública a todos los españoles residentes en territorio nacional a los que no pudiera serles reconocido en aplicación de otras normas del ordenamiento jurídico".
Esta medida afecta sobre todo a aquellas personas en paro que ya han agotado la prestación o el subsidio de desempleo y a determinados colectivos, como abogados o arquitectos.
En el caso de los parados, la ley establece que la extensión de este derecho sea un hecho a partir del 1 de enero de 2012 y, para el resto de colectivo, que se haga de forma paulatina antes de que acabe dicho año.
"Entonces podremos decir que nuestro sistema sanitario es equitativo, solidario y universal", ha recalcado la portavoz socialista Pilar Grande, quien reconoce que esta medida beneficia a cerca de 200.000 ciudadanos y conllevará un gasto para el sistema de entre 60 y 100 millones de euros al año.
Por otro lado, la ley también establece la creación de una cartera de servicios básica y común en el ámbito de la salud pública, con un conjunto de programas y actuaciones que incluyen un calendario vacunal único y una oferta, también única, de cribados poblacionales.
Esta medida, sin embargo, ha sido criticada por la portavoz del Grupo Popular y exministra de Sanidad, Ana Pastor, quien ha lamentado que no se hayan concretado más qué servicios y qué cribados deberán ser comunes para todas las comunidades. "Hoy salimos de aquí sin una cartera que estamos esperando desde hace ocho años", ha espetado.
