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Nueva ley de coordinación de policías locales permitirá retirarles el arma

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Juanito

Juanito
ADMINISTRADOR
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25-10-2012 / 18:00 h EFE

La Conselleria de Administraciones Públicas prepara una nueva Ley de Coordinación de Policías Locales pensada para mejorar la seguridad ciudadana y que prevé, por primera vez, un proceso administrativo para retirar de forma cautelar del arma reglamentaria a los agentes con alteraciones psíquicas.

El conseller del ramo, Simón Gornés, y la directora general de Interior, Emergencias y Justicia, Isabel Febrer, han presentado hoy las líneas generales del anteproyecto de la nueva ley, según informa el Govern en un comunicado.

La nueva redacción se ha articulado desde un punto de vista de la seguridad ciudadana más global que el vigente y se ha marcado dos objetivos: la mejora de la seguridad ciudadana y dar respuesta a las necesidades de los ayuntamientos.

Para mejorar la seguridad ciudadana se prevé hacer hincapié en la coordinación de las policías locales, con la unificación de políticas de seguridad en el marco de las competencias del Gobierno.

Otra de las medidas destacadas es la retirada cautelar del arma para prevenir y evitar posibles complicaciones derivadas de situaciones de solución difícil sin una legislación clara.

Según el borrador de la ley, la retirada del arma deberá hacerse mediante un procedimiento administrativo cuando concurran circunstancias de peligrosidad derivadas de una inestabilidad emocional o una alteración psíquica del agente, entre otros.

El anteproyecto reconoce la necesidad de refuerzo en algunos cuerpos de policía local en época estival, que quedará regulado por un nuevo fondo de ayudas económicas: el Fondo de Seguridad Pública.

Se trata de un fondo específico destinado a mejorar la seguridad pública de los municipios de Baleares pensado para responder tanto a los intereses y necesidades de los municipios con mayor afluencia turística, como a los municipios de carácter rural.

El 70 % del total irá destinado a recursos humanos (convocatoria de plazas para funcionarios de carrera o nombramientos de policías interinos, por ejemplo) y el 30 % a materiales de seguridad (vehículos, uniformes, etcétera).

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